El 8 de marzo encuentra nuevamente a Guatemala con un saldo negativo respecto de los derechos de las niñas y las mujeres. No es que sorprenda, pero duele e indigna. Hace rato que en este país nuestros derechos son permanentemente atropellados e ignorados por quienes, se supone, deberían respetarlos y promoverlos.

Es más, en lugar de que estemos en la ruta de profundizar una agenda de derechos para garantizar la igualdad en todos los planos, corremos serio peligro de que se concrete un retroceso que afecte —todavía más— la vida de las niñas y las mujeres.

Y es que, como no podía ser de otra manera, este contexto de regresión autoritaria en el que nos encontramos impacta directamente en las libertades y derechos conquistados, incluyendo aquellos que se han logrado gracias a la histórica y tenaz lucha de los movimientos de mujeres.
Un elemento tremendamente preocupante es la narrativa antiderechos que se ha instalado con el objetivo de avivar todos los prejuicios y los miedos que caracterizan a nuestra sociedad, incluyendo aquellos discursos para descalificar y criminalizar a las mujeres, sus movimientos y organizaciones. Resulta inaudito que haya funcionarios en los tres poderes del Estado que, junto a miembros de los sectores político y económico, utilicen su poder y su influencia para agredirnos.

Además de insistir en naturalizar la violencia contra las mujeres, siguen promoviendo la idea de que somos nosotras quienes la provocamos. Con ese discurso es que se continúan justificando los femicidios, las violaciones sexuales, los embarazos de niñas y adolescentes y el acoso callejero y laboral. Con ese discurso es que buscan confundir a la población, profundizar la indiferencia y alentar posicionamientos que nos estigmatizan.

El colmo de la desfachatez y la perversidad es la reciente denuncia penal contra las 15 niñas sobrevivientes del incendio en el Hogar “Seguro” Virgen de la Asunción, a quienes se les señala de 18 delitos, incluyendo el de asesinato. Es atroz que, en lugar de obtener justicia por lo sucedido, estas pequeñas sean criminalizadas al punto de querer convertirlas en victimarias y responsables de lo sucedido. Hay que ser muy ruin y muy miserable para llegar a semejante extremo.

Pero, claro, tratándose de un país en el que desde la institucionalidad del Estado se promueve la exclusión de las mujeres y la reducción de sus derechos, no extraña que quienes nos violentan se sientan amparados e impunes. Ahí tienen ustedes a una mayoría de diputados tratando de impulsar leyes para castigar a las mujeres, acentuando la condición de indefensión frente a la violación de derechos.

A pesar de que la violencia contra las mujeres sigue siendo generalizada, el sistema de justicia continúa sin estar a la altura. Es larga la lista de omisiones y cortísima la de sentencias que sienten un precedente que le haga entender a los agresores que quien violente a una mujer será juzgado y castigado. Porque el mejor aliado de la violencia sigue siendo la impunidad.

Sin embargo, no todas son malas noticias. Este 8 de marzo nos encuentra unidas y empoderadas. A pesar de las adversidades y los retrocesos, las mujeres continuamos en Guatemala y en el mundo alzando nuestras voces diversas y construyendo espacios de alianza y compromiso. Nuestra dignidad sigue intacta, a pesar de los intentos por silenciarnos y asustarnos.

Este 8 de marzo salimos a las calles con fuerza y esperanza, con reclamos históricos y renovados. Este 8 de marzo demostramos que somos muchas, alrededor del Planeta, quienes participamos de la lucha por transformar la realidad. Nuestro compromiso no es de un día, ni de un mes, es permanente y se renueva en cada una de las mujeres que luchamos día con día, y de todas las formas.