Además de ser un organismo cuasi decorativo, el Parlamento Centroamericano (Parlacén) destaca por ser refugio de exgobernantes que tienen cuentas pendientes con la justicia. Ese sería el caso de Jimmy Morales, quien el 14 de enero perderá su inmunidad presidencial, pero ha trascendido que ya habría arreglos para que en menos de 48 horas vuelva a tener ese beneficio, gracias a que se adelantaría su juramentación en esa entidad regional. Solo de esa forma podría evitar sentarse en el banquillo de los acusados. La razón es muy sencilla, Morales afronta por lo menos dos señalamientos que no han podido ser investigados porque la alianza de diputados proimpunidad evitó que el presidente fuera despojado de su derecho de antejuicio. El primer caso se refiere al delito de financiamiento electoral ilícito y el segundo a supuestos abusos sexuales cometidos contra por lo menos diez mujeres.

Pero Jimmy Morales tampoco la tendrá fácil para evadir a la justicia. El 21 de julio del 2004, la Corte de Constitucionalidad resolvió “retirar de forma definitiva la inmunidad de los diputados del Parlacén por considerar inconstitucional ese privilegio”. El fallo declaró ilegal que los expresidentes y exvicepresidentes pasaran en forma automática a formar parte de ese organismo regional, debido a que la Constitución establece que los diputados de ese cuerpo deben ser elegidos por voto directo. La resolución dejó sin protección al expresidente Alfonso Portillo, quien salió del país desde febrero de ese año, cuando la CC falló en forma provisional, y el exvicepresidente Francisco Reyes López, ya sin inmunidad, fue procesado. Sin embargo, en el 2008, se aprobaron reformas al tratado del Parlacén por parte de los gobiernos de los Estados-parte, por lo cual se volvió a definir que los expresidentes y exmandatarios guatemaltecos son diputados natos de ese organismo y cuentan con inmunidad.

Se vislumbra una batalla legal para determinar si Jimmy Morales tendrá inmunidad como diputado centroamericano. Lo positivo para la justicia es que ya existe el precedente del 2004 del despojo del derecho de antejuicio y eso pesa en materia de jurisprudencia. No se trata de ninguna venganza ni cosa parecida, sino del hecho de que este mandatario pueda ser investigado como una persona común y corriente por los delitos que le atribuyen. El 1 de octubre del 2018, la Fiscalía contra Delitos Electorales ratificó la denuncia contra Morales por tener “elementos suficientes”. En su calidad de secretario general del partido FCN, Morales habría ocultado al Tribunal Supremo Electoral Q15 millones durante la primera y segunda vueltas del 2015. Las empresarias Paulina Paiz Riera y Olga Méndez dieron información al Ministerio Público sobre este hecho y aportaron documentos, correos y facturas que respaldaban sus declaraciones y que incriminaban a Morales.

El segundo caso se refiere a la denuncia del excanciller Édgar Gutiérrez de que unas diez mujeres habrían sido víctimas de abuso sexual entre 2017 y 2018 por parte de Morales. Se trataría de empleadas públicas jóvenes que en forma sistemática habrían sido sometidas contra su voluntad a actos denigrantes. Esos actos habrían ocurrido en la Casa Presidencial, hoteles y lugares oficiales del Estado, los cuales no se trataría de hechos aislados, sino de “un patrón de conducta ilícita, inmoral y denigrante para la condición humana”. Debido al temor de perder el trabajo o sufrir represalias, las víctimas no habrían denunciado las vejaciones. Estos casos deben ser investigados y ningún organismo regional deberá ser cueva de presuntos delincuentes que buscan burlarse de la justicia. Ahora bien, la última palabra la tendrá la Fiscal General, Consuelo Porras, a quien corresponde iniciar las diligencias, incluso el 14 de enero a las 14, cuando Jimmy Morales quedará sin inmunidad presidencial.