La regresión autoritaria que empezó a gestarse en la administración de Jimmy Morales está a punto de concretarse. El posible desafuero de los magistrados constitucionales sería el último capítulo de la batalla que se inició por detener el avance de las investigaciones y procesos judiciales por casos de gran corrupción.

Recapitulemos. Con el avance de los procesos penales contra los miembros de redes criminales, que la Feci y la Cicig denominaron Redes Político-Económicas Ilícitas (RPEI), una derivación de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), se fueron definiendo dos bloques antagónicos: El de la transformación o reformista que impulsó y apoyó una serie de acciones y reformas a favor de la lucha contra la corrupción y la impunidad; y el bloque de la contención-restauración, que reactivó el viejo pacto oligárquico-militar surgido durante el conflicto armado interno, y al que se sumaron nuevos actores de los llamados grupos emergentes.

Con todos los recursos inherentes a su poder, lanzaron una ofensiva jurídica, política, diplomática y mediática con la que lograron concretar el cierre de la comisión internacional y realinear a la Fiscalía General del Ministerio Público a sus intereses.

A partir de ahí inició la regresión autoritaria expresada en la desobediencia recurrente a las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad; en el impulso de una agenda legislativa regresiva de derechos y libertades ciudadanas; y en la proliferación de campañas públicas de difamación y descalificación contra fiscales, jueces, juezas y magistrados independientes, acompañadas de decenas de causas penales en su contra.

El proceso electoral de 2019, que se realizó en el marco de esa ofensiva conservadora, reforzó la hegemonía del bloque de la restauración y su representación en el gobierno y en la actual legislatura. Con la Fiscal General y la mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia sumados al ataque, estamos hoy frente al Pacto de Corruptos reforzado.

Y esta alianza perversa amenaza con terminar de socavar la endeble arquitectura institucional que va quedando en el país. Su objetivo estratégico es descabezar a la Corte de Constitucionalidad, que se ha convertido en el obstáculo para terminar de concretar sus planes. Sin un Tribunal Constitucional independiente, no habrá quién detenga los desmanes en la elección de las cortes, ni frene el tráfico de influencias para la absolución de muchos de los implicados en casos de corrupción, o detenga el desafuero del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, del vicepresidente Guillermo Castillo o de los jueces y juezas de los tribunales de Mayor Riesgo.

La paradoja es que la actual fiscal general María Consuelo Porras, que hoy comanda la maniobra que está a punto de destrozar a la CC, siendo magistrada del Tribunal Constitucional firmó una resolución exactamente igual a la que hoy se utiliza como excusa para retirar la inmunidad de los jueces constitucionales. En aquella ocasión, era al magistrado Alejandro Maldonado Aguirre al que se le quería perseguir penalmente por una resolución emitida y Porras fue del criterio que los magistrados no pueden ser perseguidos por sus opiniones. Semejante giro no puede tener otra explicación que el alineamiento de la otrora “vigilante” fiscal general con el bloque que procura impunidad, aunque en sendos comunicados disfrace sus posturas de “respeto a la institucionalidad y al Estado de Derecho”.

Y no es que antes el rol jugado por la CC haya sido distinto. En realidad, la diferencia está en que previo al 2015 la mayoría de resoluciones favorecían los intereses de las élites económicas, políticas y militares. Ahí radica el ataque despiadado contra el Constitucional, que de concretarse nos deja a un paso del estado-mafia.