Vivir en sociedad es una tarea que requiere de un constante ejercicio reflexivo. Hacer una revisión constante sobre lo que ha funcionado, no ha funcionado, así como cuáles son las oportunidades de mejora y los peligros que afrontamos. Esto es indispensable para poder evolucionar y desarrollarnos libremente en paz.

No pretendo en este espacio realizar una revisión filosófica e histórica sobre cómo la humanidad llegó a determinar que organizarse a través de un Estado con poderes legítimos y controlados enfocados en proteger y asegurar la protección de los derechos ciudadanos. Lo que sí pretendo es hacer una reflexión ciudadana y llamado a la consciencia sobre el ejercicio del poder público y sus límites, para que por omisión o desconocimiento no permitamos gravemos errores que nos conduzcan a un retraso social.

La Constitución de un país pretende limitar del poder a través de distintos mecanismos. Cómo se organiza el Estado, qué poderes lo componen, cómo se eligen, cuáles son sus funciones, etc. Sin embargo, en los últimos meses hemos visto un desfile de abusos de poder pasar en frente de nosotros.

El hecho que Cocodes o municipalidades decidan de forma arbitraria limitar, casi al punto de eliminar, derechos fundamentales como la propiedad y la libre locomoción es sumamente alarmante.

La falta que el Organismo Judicial asegure un debido proceso en su ejercicio jurisdiccional es igual de preocupante. Inocentes acusados están más de una década en prisión preventiva en lo que se determina si son culpables o no. Los contagios del virus covid-19 entre los privados de libertad, la suspensión de labores en juzgados afectando directamente el acceso a la justicia a los habitantes del país, por mencionar algunos abusos de poder que se están dando actualmente en el Organismo Judicial.

¿A qué funcionario le corresponde el rol de defensa de los derechos de los ciudadanos? Una de las grandes figuras ausentes en cumplir su función constitucional de defensa de derechos individuales es el actual Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas. Quien parece que confunde su rol constitucional con defender a funcionarios públicos de cierto espectro ideológico con cumplir la tarea de defensa de los Derechos Humanos que la Constitución garantiza.

Actualmente, mientras escribo esta columna en el Congreso de la República se discute la prórroga del estado de calamidad. Es impresionante que muchos diputados desconocen que ellos tienen la potestad de determinar cuál es la forma en que el Poder Ejecutivo aplicaría un estado de calamidad y fiscalizar su cumplimiento. De momento la discusión en el pleno del Congreso es se aprueba o no se aprueba, sin discutir qué mecanismos aprueban para que este sea efectivo para la población.

La actual magistratura de la Corte de Constitucionalidad, quien tiene el mandato de resguardar el orden constitucional, ha sido ineficiente e imprudente en sus acciones u omisiones. Conoce algunos casos de forma inmediata y otros no los conoce, a pura conveniencia personal. Tuvo una decisión importante en resguardar la elección de las Cortes y falló en el intento y ahora nos afrontamos ante una incertidumbre no saber cuándo se renovará el poder judicial.

El abuso de poder público no debe ser tolerado por parte de los ciudadanos. Tenemos una tarea importante de encauzar el poder público hacia el cumplimiento de sus funciones constitucionales básicas para que los derechos individuales puedan asegurarse y podamos desarrollarnos libremente.