Urbanismo y sociedad

Acuerdos de paz y el pacto de corruptos

Alfonso Yurrita Cuesta alfonsoyurritacuesta@gmail.com

Los acuerdos de paz de 1996 se establecieron en el momento del fin de la Guerra Fría y cuando las amenazas a la seguridad nacional estaban cambiando y aparecerían las nuevas amenazas: la corrupción, el narcotráfico, el terrorismo y la élite política que ahora quiere revertir la causa de la justicia, ignorando las obligaciones del país según el derecho internacional, como es anular la ley de amnistía, por la que Estados Unidos expresa su preocupación, y FCN, cuyo fundador es el coronel Édgar Ovalle, diputado prófugo. Robert Palladino, manifestó: “Los Estados Unidos están profundamente preocupados por la enmienda a la Ley de Reconciliación, que otorgaría una amplia amnistía para los responsables de serias violaciones y abusos de derechos humanos, así como para criminales convictos”.

Estados Unidos apoya a la Cicig “para combatir los altos niveles de corrupción en Guatemala, que contribuyen a la inseguridad, que dificultan el crecimiento económico y conducen a la inmigración ilegal a los Estados Unidos, expuso Charles S. Faulkner, secretario adjunto interino de Asuntos Legislativos del Departamento de Estado de ese país. Ante los políticos que pactan para protegerse de la persecución penal por financiamiento electoral ilícito. (BBC): Iván Velásquez, magistrado implacable en su Colombia al combatir al paramilitarismo, habló como jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), quien tiene temor de que unas elecciones libres, democráticas, transparentes, permitan la llegada de fuerzas diferentes al ejercicio del gobierno. “Hay una ruptura del estado de Derecho, porque todas las autoridades del país tienen que someterse a las decisiones de la Corte de Constitucionalidad”, afirma Velásquez. Sostiene que, aunque el presidente Jimmy Morales haya exigido el cierre prematuro de la Cicig este mes, la Comisión mantiene su vigencia por una orden de la Corte de Constitucionalidad. Morales acusa a la Cicig de violar leyes internas y convenios internacionales. Pero Velásquez rechaza las acusaciones y sostiene que la Comisión, instalada en el 2007, tuvo éxito al identificar 60 estructuras criminales y obtener más de 300 sentencias condenatorias. Entre quienes ha enviado a la cárcel figura el expresidente Otto Pérez Molina.

Una situación ha creado intimidaciones y amenazas contra magistrados en Guatemala, que han aumentado cuando el gobierno de Jimmy Morales pusiera fin unilateralmente a la (Cicig), denunciaron expertos de la ONU. Silva De León, titular del Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, resolvió enviar a juicio a Samuel Morales y a José Manuel Morales, hermano e hijo del presidente Jimmy Morales y otros más, por el caso Botín Registro de la Propiedad.

Mario Duarte dijo: Los vehículos J8 “se los vamos a devolver”. Los congresistas estadounidenses Eliot Engel y Norma Torres respondieron: “Si el secretario de Inteligencia del Estado de Guatemala está ofreciendo devolver el equipo que fue mal utilizado el 31 de agosto de 2018, se aceptaría”. “El Gobierno de Guatemala ya no es un socio confiable en la lucha antinarcóticos”. Y quienes junto con Jim McGovern y 45 integrantes del Congreso de EE. UU. solicitaron al presidente de ese país, Donald Trump, que tome medidas para evitar “mayor desestabilización” en Centroamérica debido a las decisiones del Gobierno sobre la Cicig y que aplique la Ley Magnitsky “que es utilizar la autoridad provista en la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos y la Corrupción para responsabilizar a los funcionarios corruptos del gobierno guatemalteco a través sanciones de viaje y financieras”.