Se anuncia la renuncia del director de Coprecovid, efectiva hasta el 31 de diciembre. Como fui de las que se entusiasmó inicialmente por su venida, me siento obligada a compartir mi pensar ahora que se va. Según yo, venía a sumarse; a reforzar la capacidad técnica local, para revertir el desafortunado rumbo que le dio el doctor Hugo Monroy, que propició que se perdiera valioso tiempo de preparación para enfrentar la situación. Muy pronto se instaló la decepción. Primero, al leer el diseño que hicieron para la Coprecovid que, en lugar de ser un comité de expertos, solo es otro ente supraministerial. Por algo expertos nacionales de gran renombre declinaron rápido de participar. Por si fuera poco, crearon otra comisión, ad hoc, para ver lo de la vacuna Covid-19, donde la misma Coprecovid se puso como que fuera una institución, superponiéndose, además, al rol del Comité Nacional de Prácticas de Inmunizaciones (Conapi), instancia que existe desde el 2013 para ver estos temas.

En mi opinión, la mayor contribución de Asturias fue ayudar a que el presidente terminara de acceder a quitar a Monroy del cargo y formar otro equipo que permitió, al menos, que la doctora Amelia Flores estabilizara la gestión ministerial, que venía cayendo en picada. Esto no implica, claro está, que luego de 5 meses lograran superaran los déficits de testeo y rastreo, entre otros. Jamás se le ha dado la importancia debida en la gestión de la epidemia. Lo hecho ha sido todo, con suerte, a un cuarto de vapor.

Lo segundo positivo es que el MSPAS instalara la plataforma de datos covid-19. Con limitaciones, pero permite acceder a los pocos datos que comparte el Ministerio sobre la epidemia. Salimos del papelito shuco con datos chafeados de la era Monroy, a una plataforma informática donde por lo menos meten datos básicos y queda un registro. Tercero, la decisión de usar prueba de antígeno sobre PCR que, si bien sacrificó precisión, permitió ampliar las opciones de testeo, aunque ni así llegaron a la meta de testeo diario autoimpuesto ni se tienen los resultados ágilmente; no digamos aplicar el protocolo de seguimiento con PCR que ofrecieron, y verificar los falsos negativos. Ya solo esto nos da un subregistro epidémico de alrededor del 30% de los casos testeados. No digamos, un subregistro de mortalidad por covid, que ronda el 50%.

Finalmente, la insistencia en el uso de la mascarilla. Si bien la obligatoriedad de uso en Guatemala antecede a Asturias. Tristemente, este hecho positivo está vinculado al lavado de manos que hicieron, transfiriéndole la responsabilidad a la gente por su propio cuidado frente al covid-19, mientras a la par, la gestión oficial encaminó su energía a reabrir la economía.

Acá viene lo más desafortunado: el semáforo güizache, emblema de una tecnocracia que se supedita a intereses de grupos particulares frente al bienestar de la población. Con ese adefesio se le tapó el ojo al macho a la reapertura de la economía, aun y cuando el país todavía no ha logrado bajar del 15% de positividad. 5 meses de una meseta de entre 500-700 casos diarios será de donde arranca la segunda ola. Podría seguir, pero ya no me da el espacio: La privatización del testeo; el estudio de prevalencia que nunca publicaron; la reserva de datos que son información pública pero que ahora, antes de su salida, deciden hacer públicos para advertir que viene la segunda ola. Claro está, ya no estará en el país para asumir sus consecuencias, que serán el resultado de las decisiones que tomaron estos últimos seis meses. Eso sí, quienes lo trajeron al país, pueden darse por satisfechos. Les cumplió cabalito el mandado.