La conservación de bienes culturales en Guatemala data de los años 40 del siglo pasado, lo que implica una época temprana en cuanto a la emisión de la normativa internacional, Carta de Venecia (1964) que adoptó el mundo occidental.

Para La Antigua Guatemala ese influjo fue sustancial en la formulación de la Ley Protectora (1969), además de haber creado para su aplicación, el Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala (CNPAG), como institución descentralizada, dirigida por un Consejo integrado por cuatro miembros, designados por instituciones que en su momento representaron la intelectualidad del país, especializadas en historia, arquitectura, conservación y cultura, presidido por el representante y máxima autoridad de la ciudad: su alcalde.

Cincuenta años después de la creación de la ley protectora y 47 de funcionamiento, el CNPAG dio ejemplo de cómo mantener, conservar y restaurar una ciudad histórica; aunque también ha mostrado debilidad ante el poderoso influjo del dinero, dando lugar a aberraciones arquitectónicas y permisividad en cuanto al uso y valor del suelo. Dos años después de iniciar labores, junto al Instituto de Fomento Municipal (Infom), formuló el Plan Regulador de la Ciudad y, de acuerdo al artículo 5° de la referida ley, lo sometió al Concejo para su aprobación, hecho consumado en el acta 34 del 7Ag1974.

Durante largos años el crecimiento de la ciudad no fue crítico, aunque hubo hechos que la impactaron, como los terremotos del 4 y 6 de febrero de 1976, que la dañaron en el orden del 25% de sus monumentos. Otro hecho, este positivo, fue su inclusión en la lista de Patrimonio Mundial de Unesco (1979), en reconocimiento a su valor como ciudad del siglo XVIII conservada en el tiempo y representar un valor excepcional.
Una constante negativa que contribuyó a su estancamiento fue la guerra interna entre 1960 y 1996, que impidió lo que vendría luego del fin de los gobiernos militares y el paso a la era democrática, en 1985, cuando empezó el auge especulativo comercial por la ciudad conservada, para lo que el CNPAG y la Municipalidad no estaban preparados.

Hoy, la crisis por la que atraviesa es grande, lo mismo que grave, pues junto a la falta de preparación institucional y planes de desarrollo y conservación, resulta que son la ambición desmedida y la especulación los factores que predominan, determinan y marcan su futuro. Ante ese patético panorama, y desde al menos 20 años atrás, la elección de alcalde e integrantes del Concejo sigue el viejo patrón, cual si se tratara de una ciudad ordinaria. Es decir, no se exige a los candidatos formación alguna, sea administrativa, técnica o profesional, en tanto su inspiración radica en el alto salario autorrecetado para el cargo de alcalde y las dietas por sesión, se trabaje o no, pues igual, se paga la asistencia. Los ejemplos de ineficiencia, corrupción e incapacidad saltan a la vista, por lo que no vale la pena detallaros.

Ahora, próximos al proceso cívico en el que elegiremos autoridades municipales, vale la pena considerar la importancia de una correcta elección, tendente a garantizar la subsistencia de la ciudad. Una pregunta que habremos de hacer a los aspirantes es: En los últimos 20 años ¿qué ha hecho usted por la ciudad? Su respuesta dará la pauta de por quién votar.
Ingenua y honestamente, no creo que respondan con la verdad: “Hice obra social”, “Disfruté de los negocios que hice con el alcalde anterior”, “… pues, la verdad que nada, Usté. A mí el partido me propuso ser su candidato”.

¿La haremos?