Según los datos del Banco Mundial el mundo dejó de ser mayoritariamente rural en el año 2007 y al año 2020 ya el 56 por ciento de la población vive en ciudades. Para el caso de América Latina y el Caribe el número sube a 81 por ciento del total de la población que vive ya en ciudades, siendo Uruguay el país más urbanizado, con un 95.5 por ciento de su población viviendo con servicios urbanos.

Para el caso de Guatemala este es el principal reto. Siendo el país con la menor tasa de urbanización en América Latina y el Caribe, no es de extrañarnos que servicios como la educación, la salud, la infraestructura o incluso la seguridad sea tan difícil de llevar a la población. Según el Banco Mundial al año 2020, tan solo el 52 por ciento de la población vive en ciudades, este dato es incluso más bajo que el nivel de urbanización que en países como Haití o Nicaragua. Un enorme reto, según la Política Nacional de Competitividad 2018-2032, la población va a seguir urbanizándose a un ritmo cada vez más acelerado y llegará a un 79% al año 2032.

Es probable que los efectos del covid-19 reduzcan la velocidad a la que la población migra del campo a la ciudad, lo cierto es que muchas ciudades intermedias y el área metropolitana, no están teniendo el mismo ritmo de inversión para atender las demandas de una población urbana que crece y exige cada vez más servicios.

Los únicos municipios que tienen un plan de ordenamiento territorial (POT) y que realmente lo ponen en práctica son Guatemala, Salcajá y Villa Nueva. En el caso de Quetzaltenango y La Antigua Guatemala, no lo están utilizando y el municipio de Escuintla que ya está en proceso de socialización y será aprobado en breve.

Otros municipios como Chimaltenango, Puerto Barrios, Cobán, San José, Masagua o Iztapa buscan recursos para poder desarrollar un POT, sin todavía lograr obtenerlos y si bien hay varios municipios que han contado con el gentil apoyo de instituciones como la cooperación de Estados Unidos (Usaid) o la cooperación alemana GIZ, todavía no se tiene certeza de cuándo podrían lograrse más fondos para apoyar técnicamente a los equipos de los alcaldes.

Lo primero que debe analizar un municipio a la hora de comenzar a trabajar en un Plan de Ordenamiento Territorial es establecer aquellas áreas y delimitar condiciones no negociables sobre el territorio, con principios muy claros hacia proteger la vida y evitar que se construyan en áreas de riesgo.

Este es uno de los principales desafíos en un país como Guatemala, con condiciones de vulnerabilidad a efectos climáticos o topográficos muy fuertes. Se debe garantizar la protección de los recursos naturales bajo el marco legal vigente, estableciendo criterios para el derecho de vía que permita la movilidad y establecer la necesidad futura de suelo a urbanizar y las zonas de expansión.

El proceso de implementación de un POT debe tomar en cuenta además a la población, la mancha y la densidad urbana, así como el tipo de ciudad que se desea impulsar, con los criterios técnicos apropiados y un plan de usos de suelo con parámetros urbanísticos y territoriales para las categorías del suelo.

Es por ello por lo que, el apoyo técnico o financiero que, desde instancias como Segeplán o la Comisión Presidencial para Asuntos Municipales, se le pueda dar a las municipalidades, es clave en estos momentos. Esto, con el objetivo de fortalecer la capacidad técnica de los equipos en las alcaldías e ir preparando a las ciudades a un nivel mayor de urbanización y de proveeduría de mejores servicios.