La agricultura familiar (AF) es una forma de organizar la producción agrícola, forestal, pesquera, ganadera y acuícola que es gestionada por una familia y depende principalmente de su capital y la mano de obra de sus integrantes. La familia y la unidad productiva están relacionadas entre sí, evolucionan conjuntamente y combinan funciones económicas, ambientales, sociales y culturales.

En Guatemala, la AF ha sido una forma predominante de producción en el área rural, derivada históricamente del proceso de consolidación de los grandes latifundios dedicados a cultivos de exportación, acaecido con la Revolución Liberal de 1871, que expulsó a los campesinos de las mejores tierras cultivables del país para dedicarlas al café y otros cultivos (algodón, banano y caña de azúcar, y ahora palma africana también). La producción campesina quedó restringida a pequeñas áreas, la mayoría con extensiones mucho menores a una manzana.

Aun así, son estos agricultores familiares quienes nos alimentan. Según la Encovi 2014, 1.3 millones de hogares se dedican a la agricultura familiar en cualquiera de sus formas. Estos hogares albergan cerca de 6.2 millones de personas. 63% del empleo agropecuario del país proviene de esta forma de agricultura y a pesar de las ínfimas extensiones de tierra donde cultivan, se estima que producen entre el 60 y el 70% de los alimentos que consumimos en nuestros hogares. De allí que la AF ocupe un papel preponderante en la seguridad alimentaria y nutricional del país, un aspecto que casi nunca ha sido reconocido ni valorado por la sociedad ni en las estadísticas económicas.

Irónicamente, son los hogares de los agricultores familiares los que sufren los flagelos más grandes del hambre y la desnutrición. Producen los alimentos, maíz, frijol, hortalizas, etc. pero no tienen necesariamente condiciones para autoabastecerse todo el año, o bien, se ven en la necesidad de vender sus cosechas en el mercado para generar algo de ingresos que les permitan adquirir otros bienes y servicios que no produce el grupo familiar, pero que son necesarios para la supervivencia de la unidad productiva.

La AF debería jugar un papel preponderante en la política económica también, pues la producción agropecuaria —más allá del azúcar, el café, el banano y la palma— es una de las actividades generadoras de divisas para el país. De hecho, surtimos de hortalizas y frutas los mercados de El Salvador, Honduras y Estados Unidos cuando menos.

La importancia de la AF es también ambiental. Su aporte a la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático pasa por el hecho de que los agricultores familiares emplean prácticas de baja emisión de gases de efecto invernadero; diversifican sus sistemas agrícolas, lo cual ayuda a restaurar la fertilidad de los suelos; contribuyen a la conservación del agua y los bosques, resguardan la biodiversidad y el patrimonio fito y zoogenético del país. Así también, aporta a las cadenas de valor del sector turismo, de la industria y a la provisión de servicios ambientales.

Todas estas cualidades convierten a la agricultura familiar en un potencial hasta ahora subutilizado. No solo es una herramienta clave en la lucha para evitar la desnutrición y tener una sociedad más saludable, sino que, con el debido apoyo, puede convertirse también en uno de los motores potenciales de un desarrollo económico mucho más incluyente y amigable con el ambiente. Por eso, crear en Guatemala una plataforma de fortalecimiento a la agricultura familiar es un imperativo. Ya hay algunos pasos avanzados, pero se necesita acelerar el ritmo, mejorar lo que se ha hecho. Esta es una tarea que no debería eludir el próximo gobierno.