Hace más de 160 años, Ferdinand Lassalle, uno de los clásicos del constitucionalismo mundial, dictó unas conferencias sobre ¿qué es una constitución? Su análisis trasciende y siempre es oportuno tenerlo en cuenta.

En su esfuerzo, Lassalle describió al “seudoconstitucionalismo”, y lo definió como aquello en donde “el gobierno proclame lo que no es; consiste en hacer pasar por constitucional a un Estado que es, en realidad, un Estado absoluto, consiste en el engaño y la mentira”, y también nos describió su causa: “Al absolutismo, por mucho que abuse de su poder, no le agrada nada esa existencia precaria de un régimen que vive en divorcio manifiesto y explícito con los poderes sociales de un país, expuesto a cada momento a que estos poderes se le caigan encima como una avalancha, y lo aplasten. Por eso, llevado de su instinto de conservación adiestrado por la experiencia, echa mano de un recurso, el único de que dispone para permanecer en el Poder el mayor tiempo posible: este recurso es el seudoconstitucionalismo”.

Sabemos, porque la historia no se equivoca, quien gobierna sin límites crece en ambición y destruye las libertades públicas. Sin control de poder no hay libertad; así de sencillo.

Presenciamos cómo desde el Organismo Ejecutivo, con el concurso de diputados afines y sin duda buena parte de la Corte Suprema de Justicia, se trata de erigir un Ministerio Público como autoridad electoral, y sin importar los absurdos mostrados, dichos y expuestos, se pretende burlar la voluntad popular expresada en las urnas. Se han dicho peregrinos pretextos, primero flotó el irrazonable argumento de las firmas de los afiliados del Movimiento Semilla y ahora se señala cómo miles de ciudadanos a cargo del cómputo de votos se equivocaron y Curruchiche con su secretaria cuentan mejor los resultados a espaldas de la población y escondiéndose en cuarteles.

El delito de sedición se comete cuando, sin desconocer la autoridad del Gobierno, se trata de impedir la toma de posesión de quienes fueron legítimamente electos y para ello se utilizan medios violentos, de una u otra forma, esto vemos, solo que desde “la institucionalidad”, lo cual es un contrasentido.

El presidente electo, Bernardo Arévalo, denunció una serie de situaciones, nacidas dentro del Organismo Judicial y auspiciadas por el MP para burlar el resultado electoral, lo cual, desde cualquier perspectiva, es una vergüenza para nuestra precaria democracia y pírrica República. En los pasillos de la OEA, el sistema judicial guatemalteco ha sido motivo de burlas y tristezas.

El país se detuvo por protestas, el presidente afirmó no poder pedirle la renuncia a la fiscal general, pero sí la exigió en su momento a Neftalí Aldana, magistrado de la CC, y luego los empresarios organizados no se ponen de acuerdo con acuerpar la solicitud de renuncia de la fiscal general, pero en 2004 sí lo hicieron, y sin ninguna presión social.

Las tensiones sociales son parte de la vida misma, por eso existe un texto llamado Constitución, el cual define las reglas de juego para vivir en paz. Una sociedad si no respeta esas reglas está condenada a la violencia y, al parecer, al doctor Giammattei y al licenciado Castillo no les importa destruir con el objeto de garantizar una realidad seudoconstitucional.

A los guatemaltecos se nos metió el germen del golpismo desde 1821, por eso desde 1984 se intenta erradicarlo. Nuestra obligación es denunciar a los golpistas visibles y en el ocultamiento, porque destruir el proceso electoral por ambiciones personales, con el objeto de conseguir protección de fiscales y jueces acomodaticios a los dictados del poder, es la mejor forma de procurar violencia, división y, sobre todo, más subdesarrollo, y nadie en su sano juicio puede permitirlo.