Para nadie es un secreto que el dinero del crimen organizado y el narcotráfico han logrado penetrar en las diferentes agrupaciones políticas, principalmente financiando las alcaldías de todo el país, con el fin de tener el control total sobre el territorio y sus autoridades.

Se supone que un alcalde debería velar por el desarrollo integral de su comunidad, ser una persona preparada, un líder positivo, con una trayectoria de valores y principios.

Pero muy diferente es la realidad, cuando alguien toma posesión del palacio edilicio llega a creerse “el dueño de la finca” y lejos de gestionar el bienestar de los vecinos y la ciudad resulta utilizando a la comuna como un vehículo para enriquecerse exponencialmente. Se muestra hermético y renuente para dar información que transparente el manejo de los fondos, pero eso sí, muy hábil para exigir “la comisión” o el porcentaje de ganancia para autorizar cualquier proyecto o proveedor de “su muni”, aun a costa de los intereses de la comunidad.

Algunos han llegado al descaro de fundar sus propias empresas constructoras, de jardinización, alimentos, uniformes, etcétera, con tal de ser ellos mismos o su círculo más cercano los proveedores oficiales de “sus munis”, sabiendo que nadie los fiscaliza.
Por la misma causa, en este año electoral a muchos se les ha antojado ser uno de los flamantes 338 alcaldes de Guatemala y, no siendo esto suficiente, tienen el descaro de intentar meter a la esposa, hijos y otros parientes como candidatos a diputados al Congreso, Presidencia y cuanto puesto en el Gobierno se pueda; el nepotismo esta a la orden del día.

Es vergonzoso que la mayoría de los alcaldes pretendan reelegirse, cuando han hecho terribles gestiones, no han dado cuentas cabales del uso de los fondos públicos, de los que se han apropiado indebidamente —incluyendo bienes inmuebles— y, encima, la gente incauta vuelve a votar por ellos, con el argumento de que más vale viejo conocido que nuevo por conocer.

Cualquier reelección a estos puestos está comprobado que solo propicia enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y prepotencia de estos funcionarios. No queremos más alcaldes eternos, que desbordan arrogancia, intransigencia y desprecio hacia la prensa y los vecinos que critican la inoperancia de sus mediocres gestiones.

El gran problema de estos funcionarios es que pierden la dirección de lo que significa ser un servidor público y se convierten en los déspotas dueños de lo que ellos consideran su propia finca. Ya no más seudogenios urbanos, por favor, queremos personas decentes, que resuelvan los problemas de fondo de su comunidad.

No olvidemos que en la extrema violencia en la que vivimos, sería muy eficiente que todos los municipios velaran por la protección y seguridad de las personas y sus propiedades, ellos están obligados a garantizar la seguridad de sus habitantes; sin embargo, son los propios vecinos quienes han tenido que amurallar sus colonias y además pagar a empresas privadas por seguridad. ¡Qué ironía! que los vecinos tengan que realizar una atribución que debería asumir el Estado y/o las alcaldías.

Necesitamos alcaldes comprometidos con sus distritos, capaces de servir bien a sus comunidades, que contribuyan al bienestar de las ciudades y las personas, haciendo una labor integral en cuanto a transporte masivo de alto nivel —léase un tren—, una estrategia de reciclaje selectiva de residuos, Policía Municipal de Tránsito y seguridad, tratamiento de aguas, drenajes, limpieza de las calles y áreas verdes. ¿Es mucho pedir?