El primer proyecto bajo la ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica fue aprobado la semana pasada, decreto 18-2021, proyecto de rehabilitación, operación, mantenimiento y obras complementarias de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal. Lo primero que debemos comprender es que esto no es una privatización, como algunos han expresado en redes sociales. Muy simple de comprobarlo: la propiedad de la autopista es y seguirá siendo del Estado. Por ello es simplemente una alianza público-privada (APP), como existen en muchas partes del mundo.

Una APP, según el Banco Mundial, es “un acuerdo de objetivos compartidos, entre el sector público y una empresa o grupo de empresas para suministrar, complementar o suplir servicios o bienes que el Estado usualmente presta o provee”. Existen APP para diferentes ámbitos que van desde infraestructura, suministro de energía, gestión de residuos, agua y conectividad digital, hasta salud o educación. En Guatemala, por el momento, la ley prohíbe las APP en agua, educación y salud, algo que ha generado un retraso y mala calidad en muchos de estos servicios. Esta debería ser una de las primeras modificaciones a la propia ley.

Con el contrato aprobado la semana pasada por 25 años se incluye la rehabilitación, operación y mantenimiento de 41 km por pista y más de 20 km nuevos de carriles de incorporación, rebase, paradas de bus e interconexiones que permitirá tener uno de los tramos viales más modernos y avanzados de Centroamérica. Luego de este período, la autopista regresa al Estado, por lo que nunca pierde la propiedad.

La autopista no solo será una gran mejora para la zona de Escuintla, por la plusvalía que va a generar a las propiedades y la capacidad logística que se va a desarrollar, sino le da a todo el corredor sur de la ciudad de Guatemala la oportunidad de maximizar su potencial, como una ciudad portuaria capaz de atraer parques industriales, aumentar el turismo de mayor calidad y aprovechar el canon que le otorga el proyecto a los municipios, para su desarrollo social.

Los beneficios incluyen una inversión estimada de US$80 millones que el Estado guatemalteco se ahorrará y que podrá invertir en desarrollo social, además de un canon que recibirán las comunidades y el Gobierno de Q1,110 millones.

La autopista estará en operación en menos de dos años, como bien lo han indicado representantes de Convía, empresa que ganó la licitación. Este proceso, que no solo fue transparente, eficiente, con mucha comunicación desde diciembre 2015 en que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda solicitó que la autopista se trabajara a través de una APP, es el primer proyecto con este modelo.

Se estima que con esta autopista se pueden generar alrededor de 1,700 empleos directos e indirectos durante la fase de construcción y unos 800 durante la fase de operación. Cada municipio aledaño recibirá un flujo de recursos que le permitirá contar con mejores servicios para desarrollar proyectos a favor de las comunidades y, por ende, mejorar la calidad de vida de la población.

Está claro que al elevar la carretera a nivel de autopista se están delimitando también indicadores clave de desempeño, beneficiando a la población que transite con un ahorro importante en tiempo, disminuyendo el costo de depreciación y mantenimiento de los vehículos y garantizando una vía con mayor seguridad, que sin duda reducirá los accidentes por las óptimas condiciones de servicio.