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Arreglar los pactos: una obligación
El primer ministerio que afronta esta obligación es el de Educación.
El actual gobierno ha expresado y prometido cero tolerancia a la corrupción y afronta la obligación de solucionar los privilegios indebidos presentes en el pacto colectivo de educación, ya que representan un mal uso de los recursos públicos del Estado, cláusulas contrarias a la Constitución y con un efecto negativo en la efectividad de la educación pública del país. La educación en Guatemala ha estado capturada por las últimas décadas. A través de negociaciones espurias e ilegales, el sindicato de trabajadores de educación ha procurado exitosamente privilegios que son contrarios a la ley y a los principios constitucionales, los cuales han logrado materializar exitosamente año tras año en los pactos sindicales. Estas condiciones han ido empeorando con cada negociación. El Gobierno tiene la obligación de solucionar este problema que afecta el futuro de acceder a mejores oportunidades económicas y desarrollo de los guatemaltecos.
El primer ministerio que afronta esta obligación es el de Educación. En unas semanas tendrá la importante tarea de negociación de pacto colectivo y la obligación de solucionarlo. Los recursos del Estado y esfuerzos contra la corrupción tienen una importante obligación que cumplir con la ciudadanía y estado de Derecho en Guatemala.
El principio de legalidad establece que el funcionario público puede realizar únicamente lo que la ley le permite. Esto establece parámetros importantes para solucionar los problemas, así como privilegios indebidos presentes en los pactos colectivos, muchos de los cuales responden a intereses corruptos que fueron avalados en pactos aprobados en administraciones anteriores.
El pacto colectivo de educación es uno de los ejemplos más visibles porque la negociación política que ha tenido su dirigente con distintos gobiernos ha sido altamente visible, pero también existen otros pactos colectivos en las otras entidades del Estado que requieren la misma atención de solución.
El compromiso contra la corrupción atiende indudablemente el cumplimiento del principio de legalidad.
El compromiso contra la corrupción atiende indudablemente el cumplimiento del principio de legalidad. Los funcionarios del país están obligados a que la negociación, suscripción y vigencia de los pactos colectivos se atienda exclusivamente a lo regulado en la legislación vigente. Todo acuerdo suscrito que esté fuera de las facultades y competencias que la ley delimita a los funcionarios comprometería la integridad y compromiso en contra de la corrupción. Un ejemplo común de ilegalidad en los pactos colectivos es delegar las facultades de contratación y remoción de personal a terceros.
En el marco jurídico guatemalteco e instrumentos de la Organización Internacional de Trabajo existen leyes, reglamentos, resoluciones judiciales y directrices que recopilan los límites para la negociación y legalidad de los pactos colectivos. Estos límites deben ser cumplidos en toda negociación, suscripción de pactos y ser solventados por la vía judicial si se tiene conocimiento de su existencia. Los diferentes ministerios y dependencias del Estado de Guatemala deben cumplirlas a cabalidad y no ceder ante las presiones que busquen privilegios contrarios a la ley, sin importar si estos ya estaban vigentes o fueron otorgados en administraciones anteriores. El esfuerzo que ha emprendido el Gobierno necesita abordar de forma integral la presencia de corrupción y privilegios indebidos en las dependencias del Estado que ocasionan un mal uso de los fondos públicos, teniendo como consecuencias servicios deficientes e ineficaces.
La ciudadanía guatemalteca votó en las pasadas elecciones por un cambio y reflejó un hartazgo a la clase política que no ha materializado sus promesas y ha sido incapaz de hacer eficiente el gasto público. Solucionar los abusos y privilegios indebidos en los pactos colectivos del Estado no es solo una oportunidad, sino una obligación que los funcionarios deben cumplir para hacer efectivo el principio de legalidad establecido en la Constitución.
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