Nuestro sistema migratorio, fracturado desde hace tiempo, se encuentra ahora en crisis en toda la extensión de la palabra con el colapso del proceso de asilo. El gobierno de Biden no ha podido atender el elevado precio que muchas ciudades están pagando por un sistema que no crearon y unas fronteras que no controlan. La Casa Blanca debería reconocer el daño político que la crisis causará a todos los demócratas en 2024 si no toma medidas rápidas y contundentes.

La cantidad de personas que buscan asilo en la frontera sur aumentó durante la presidencia de Donald Trump y ha crecido aún más durante el gobierno de Joe Biden. El muro fronterizo parcial no ha logrado disminuir el flujo de migrantes. Ambos partidos crearon el problema y ambos partidos deben trabajar juntos para solucionarlo.

Para empezar, la ley federal actual impide a los solicitantes de asilo que ya han sido admitidos en Estados Unidos empezar a trabajar de inmediato. El proceso para recibir una autorización laboral puede tardar un año o más. Mientras tanto, ¿cómo se supone que los solicitantes de asilo paguen el alquiler y se alimenten a sí mismos y a sus familias? Esto equivale a pobreza y mendicidad impuestas por el Estado, contra personas que han demostrado una fortaleza y una valentía extraordinarias al viajar hasta aquí, muchas veces corriendo grandes riesgos, para tener la oportunidad de trabajar y construir una vida mejor.

En la ciudad de Nueva York, negar a la gente la posibilidad de trabajar es una medida en especial gravosa debido a un acuerdo legal de 1981, en el que la ciudad se comprometía a proporcionar alojamiento a todos los residentes sin hogar que lo solicitaran. Ese acuerdo nunca pretendió ser una garantía general de alojamiento para un flujo de refugiados sin precedentes, pero en eso se ha convertido.

La ciudad ha hecho un trabajo admirable para encontrar, a la brevedad posible, refugio para los más de 100.000 solicitantes de asilo que han llegado desde la primavera pasada. En este momento, la ciudad alberga a cerca de 60.000 personas en alrededor de 200 lugares, lo cual la ha obligado a recurrir a más de 140 hoteles. Según la Alcaldía, el costo para los contribuyentes, de 383 dólares por noche, asciende a los miles de millones de dólares al año. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, lleva meses rogando, en vano, por ayuda federal para hacer frente al aluvión de solicitantes de asilo.

Nueva York no es la única ciudad que pasa por dificultades. Chicago, Filadelfia, Washington, Denver y otras ciudades también están recibiendo un influjo de solicitantes de asilo que no tienen vivienda ni medios legítimos para ganar dinero. Mientras tanto, el gobierno federal no proporciona los recursos necesarios para tramitar los casos de asilo de una manera más expedita. El caso de un solicitante puede tardar seis o siete años en resolverse.

Pensémoslo: tenemos un sistema que en esencia permite a un número ilimitado de personas cruzar nuestras fronteras, les prohíbe trabajar, les ofrece vivienda gratuita y les permite vivir en el país siete años antes de decidir si se pueden quedar legalmente o no en el país. Sería difícil concebir un sistema más retrógrado y contraproducente.

Somos una nación de inmigrantes porque somos una tierra de oportunidades. Negarles a los migrantes la oportunidad de trabajar —y obligarlos a depender de dádivas públicas— es lo más antiestadounidense que se me puede ocurrir. Es nocivo no solo para los refugiados, sino para nuestra nación, en particular en un momento en el cual tantos negocios enfrentan escasez de mano de obra.

Los críticos que han arremetido contra los recientes comentarios del alcalde Adams de que la crisis “destruirá” la ciudad parecen más preocupados por sus palabras —dichas con comprensible frustración ante el actuar de Washington— que por el problema en sí. Resolver la crisis no será fácil, sobre todo con un Congreso dividido. Pero ignorarla solo la empeorará, además de que aumentará la suerte política de los xenófobos y erosionará el apoyo público a la reforma migratoria.

El Congreso y el presidente tienen que trabajar juntos para garantizar que se tengan los recursos y adoptar los cambios políticos necesarios para arreglar el proceso de asilo. Eso significa crear un sistema que sea:

Humanitario. Las leyes estadounidenses en materia de refugiados se diseñaron para ayudar a los desarraigados por la Segunda Guerra Mundial y para proteger a quienes escapaban de regímenes comunistas represivos, pero ahora las utilizan quienes huyen de las dificultades económicas y la violencia de las pandillas. Sus casos pueden ser desgarradores y Estados Unidos debe hacer más para ayudar a otros países a hacer frente a la violencia y la pobreza. Pero el proceso de asilo debe ser lo suficientemente ordenado como para garantizar que podamos dar prioridad a acoger (y ayudar a reasentar) a quienes huyen de la guerra y la persecución del Estado.

Imparcial. Hay que respetar a quienes esperan su turno para obtener una visa. Eludir las vías estándar de inmigración solo reduce los incentivos para seguir las normas.

Justo. Como dice el dicho: justicia retrasada, justicia denegada. El Congreso debe proporcionar los recursos que el gobierno necesita para garantizar que las solicitudes de asilo puedan resolverse en días o semanas, no en años.

Práctico. Si el gobierno de Estados Unidos te deja entrar, debería dejarte trabajar. Es el modo de vida estadounidense y es lo que han hecho generaciones de inmigrantes. El presidente Biden debería utilizar su autoridad ejecutiva para permitir trabajar a muchas más personas y debería trabajar con el Congreso para garantizar que todos los demás también puedan hacerlo.

Racional. Los costos de vivienda no deberían correr por cuenta de los contribuyentes, pues no se puede esperar que paguen por alojar a todas las personas que llegan cada año. El alcalde Adams tiene razón en buscar actualizar el decreto de consentimiento de la ciudad para dejar esto claro y el gobierno de Biden debería ponerse en contacto con los alcaldes de todo el país que reconocen el poder de los refugiados para ayudar a reactivar y estimular las economías locales.

Compasivo. Al admitir a los solicitantes de asilo, el gobierno federal no debería obligar a los gobiernos locales a asumir la carga solos. Las ciudades necesitan apoyo federal para ayudar a conectar a los solicitantes de asilo, muchos de los cuales llegan sin nada, con fuentes de empleo, vivienda y servicios.

La mejor manera de ayudar a los solicitantes de asilo, apoyar a las ciudades y evitar que los xenófobos adquieran poder político es abordar la crisis de un modo fiel a nuestra historia y nuestros valores.

*©2023 The New York Times Company / Michael R. Bloomberg, fundador de Bloomberg y Bloomberg y alcalde de Nueva York de 2002 a 2013