El reciente llamado de la secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, sobre una nueva emisión de derechos especiales de giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI), aprobado por el Grupo de los Veinte (G-20), y la reasignación de los DEG excedentes a los países de bajos ingresos, es una iniciativa muy bienvenida y necesaria. La acción internacional concertada y la solidaridad son los únicos medios para afrontar y superar la crisis del covid-19.

Una respuesta verdaderamente multilateral y global a la pandemia debe extender los beneficios de esta iniciativa a todos los países en desarrollo, independiente de sus niveles de ingreso, en particular los países de ingreso medio, que representan el 75% de la población mundial y aproximadamente el 30% de la demanda agregada mundial. Lo que es más importante, los países de ingreso medio representan el 96% de la deuda pública de los países en desarrollo (sin incluir China y la India).

Los países en desarrollo han sufrido, sin duda, el impacto social y económico más duro de la crisis actual. El aumento de las tasas de pobreza y de pobreza extrema, la pérdida de puestos de trabajo y el descenso del ingreso per cápita no tienen precedentes. Estos impactos no solo afectan a los países de bajos ingresos, sino también a los de ingreso medio.

La región de América Latina y el Caribe ha sido la más afectada del mundo en términos de contracción del PIB real (-7,7% en 2020). A ello se suma el cierre de más de 2,7 millones de empresas y el aumento del número de desempleados, que ha llegado a 44,1 millones, así como del número de personas que viven en la pobreza, que ha pasado de 185,5 millones a 209 millones, alcanzando el 33,7% de la población total. La pobreza extrema ha afectado a 8 millones más de personas y llega a 78 millones de ellas. A finales de 2020 el nivel del PIB per cápita era igual al de 2010, lo que representa otra “década perdida”.

Los efectos de la pandemia y las políticas aplicadas como respuesta a ella han aumentado las necesidades de liquidez de los países en desarrollo, en particular los de América Latina y el Caribe. Al mismo tiempo, las medidas fiscales de emergencia para contener la caída de la producción han provocado un aumento de los niveles de deuda que, si no se controlan cuidadosamente, pueden poner en peligro la recuperación y la capacidad de los países para construir un futuro mejor.

La región de América Latina y el Caribe es la más endeudada del mundo en desarrollo. La deuda del gobierno general alcanzó en 2020 el 79,3% del PIB y el servicio de la deuda externa se situó en un 57% en relación con las exportaciones de bienes y servicios. A diferencia de lo que ocurre en las economías desarrolladas, las economías de América Latina y el Caribe se enfrentan a un gran obstáculo para crear un espacio de política que permita aumentar sustancialmente sus niveles de deuda sin poner en peligro sus calificaciones crediticias, la estabilidad del tipo de cambio o incluso la posición de sus reservas internacionales.

Una nueva emisión y reasignación de una cantidad significativa de DEG es la manera más eficaz y expedita de garantizar suficiente liquidez a las economías en desarrollo y proporcionar el espacio de política necesario para enfrentar los efectos de la pandemia. Ahora es más relevante que nunca: es indispensable para poner los Objetivos de Desarrollo Sostenible al alcance de los países en desarrollo.

Una nueva emisión de US$500 mil millones de DEG (que necesitaría la aprobación del 85% de los votos de la Junta de Gobernadores del FMI) generaría el equivalente a US$56 mil millones en reservas adicionales para América Latina y el Caribe. Esto beneficiaría a algunas de las economías más endeudadas de la región.

*Secretaria Ejecutiva de la Cepal