Ante las acciones emprendidas por el Ministerio Público (MP) para investigar a periodistas y columnistas por referirse al caso contra Jose Rubén Zamora, es importante subrayar lo que dice la Constitución Política de Guatemala. El artículo 35 constitucional señala textualmente: “Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna”. De esta manera se entiende que se ha violado la Constitución en forma flagrante cuando la fiscal Cinthia Monterroso y el juez Jimi Bremer tratan de silenciar a seis periodistas y dos columnistas del diario elPeriódico. ¿A cuenta de qué ellos van a decidir qué se puede decir y qué no?

La persecución contra el periodismo guatemalteco ha escalado a niveles críticos porque ahora no solo se trata de amordazar a Jose Rubén Zamora por denunciar la corrupción imperante en el actual gobierno, sino de atentar contra la libertad de expresión de los comunicadores. ¿Fue una acción unilateral de la fiscal Monterroso? No. La fiscal general, Consuelo Porras, ha dicho en varias ocasiones que nada sale del MP sin su visto bueno. Lo prueba el hecho de que el miércoles pasado la propia Porras, junto con su plana mayor, se reunió con representantes de la Cámara de Periodismo de Guatemala y de la Asociación de Periodistas de Guatemala, por separado, para tratar de bajar los ánimos. Sin embargo, el mal ya está hecho y se han desenmascarado los responsables de vulnerar un derecho constitucional. También en el ambiente político flota la duda de hasta dónde el interés por silenciar a la prensa en realidad viene de la Casa Presidencial, cuyos inquilinos son precisamente los interesados en que ya no se divulguen más denuncias por la corrupción y la impunidad en que están envueltos.

¿Desde cuándo es delito publicar informaciones sobre un caso penal paradigmático? ¿Por qué se va a perseguir a columnistas que han expresado su opinión sobre un hecho que consideran injusto? No es culpa de periodistas ni columnistas que en la opinión pública se considere que el caso contra Zamora Marroquín es una acción fabricada para evitar que siga denunciando los desmanes del presidente Alejandro Giammattei y de que el Ministerio Público sea visto como una institución que responde a los intereses de este mandatario. Solo una mente que hila muy fino puede considerar que de esta forma se obstruye la justicia. Entonces en dónde queda el estado de Derecho, en el que cualquier persona es libre de opinar lo que considere conveniente y criticar a los funcionarios públicos por actos realizados en el ejercicio de sus cargos, como lo preceptúa el artículo 35, de la Constitución.

Otro actor que ha quedado evidenciado en este momento es el procurador de los Derechos Humanos, Alejandro Córdova, quien, en lugar de defender en forma contundente el derecho a la libre emisión del pensamiento y condenar la persecución contra periodistas y columnistas, emitió un tímido comunicado en el que no dice nada. Córdova se limita a decir que confía en el desarrollo respetuoso de los procesos judiciales, como si en Guatemala eso fuera la norma. No nos engaña. Córdova sirve a los intereses del pacto de corruptos. A diferencia de este funcionario que devenga un salario sin cumplir sus atribuciones, el Departamento de Estado de EE. UU. expresó en forma clara: “Criminalizar el trabajo de los periodistas y de la sociedad civil socava las normas democráticas y el respeto a la libertad de expresión”. También hace un llamado al sistema de justicia para que rechace la criminalización del periodismo independiente, como fundamento de una sociedad democrática. Tan difícil le resulta decir eso, señor Córdova.