El encarcelamiento de Jose Rubén Zamora Marroquín y el hostigamiento al diario elPeriódico tienen el sello inconfundible del autoritarismo del presidente Alejandro Giammattei. No engaña a nadie. La mayoría de sectores del país se ha pronunciado contra un proceso retorcido que evidencia que, más que un caso judicial, es una venganza contra quien ha evidenciado los negocios turbios de los corruptos. No es la primera vez que Giammattei y la fiscal general, Consuelo Porras, fabrican un caso espurio porque ya lo han hecho contra fiscales y jueces que no se han vendido a los corruptos. Aunque el fiscal Rafael Curruchiche asegura que se trata de un caso contra el empresario y no contra el periodista, las acciones contra elPeriódico lo desmienten. Este fiscal, incluido ahora en la lista Engels de agentes corruptos, ordenó embargar las cuentas bancarias del diario para asfixiarlo económicamente, lo cual contraviene el artículo 35 constitucional.

Este es un claro atentado contra el derecho constitucional a la libre emisión del pensamiento. El objetivo es cerrar los espacios críticos para que la mafia que ha cooptado el Estado, integrada por políticos, militares, empresarios y crimen organizado, pueda actuar con total impunidad. Basta ver los titulares de los últimos días de elPeriódico sobre casos de corrupción que involucran a políticos para entender por qué Jose Rubén está en la cárcel, y deja ver por qué ningún partido o dirigente político que integra la alianza oficialista salga en defensa de las libertades ciudadanas. Hasta el mismo Cacif tuvo que recular de su comunicado inicial en el que expresó su preocupación por la suerte del presidente de elPeriódico. Eso muestra en toda su dimensión hasta dónde la ambición e intolerancia de un presidente puede pisotear los derechos constitucionales y acabar con lo poco de democracia que existe en el país, siguiendo los pasos de la Nicaragua dictatorial.

No es la primera vez que la prensa guatemalteca afronta los embates de los enemigos de la libre emisión del pensamiento. Nunca voy a olvidar a los colegas periodistas que fueron secuestrados, torturados y asesinados durante la negra noche del conflicto armado interno. Tampoco la destrucción a bombazos del semanario La Época, en 1988, o la forma burda en que el entonces presidente Álvaro Arzú llamó a sus amigos empresarios para que retiraran los anuncios en la revista Crónica, hasta acabarla en 1998. El gobierno de Giammattei también se ha significado como un enemigo de la prensa. El Observatorio de Periodistas señala que de enero de 2020 a junio del 2022 se han registrado 350 ataques contra periodistas y medios de comunicación. Según esta entidad, el gobierno de Giammattei es el que más acciones represivas, persecución e intolerancia ha demostrado contra la prensa.

Estimado lector, pregúntele a los líderes de los partidos Vamos, Valor, UNE, Todos, Unionista y UCN, entre otros, por qué no se han manifestado contra este atropello a un derecho constitucional. Muy sencillo, ellos forman parte de la alianza de la impunidad y tampoco quieren una prensa crítica. Están contentos de que Giammattei haya hecho el trabajo sucio de sacudirse a un periodista incómodo. Sin embargo, debemos comprender que cuando se acalla al periodismo no solo se afecta a los periodistas. La sociedad en su conjunto pierde, porque se le niega el derecho a informar y ser informada. Solo los dictadores, los corruptos e impunes pueden sentirse satisfechos de que no exista una prensa crítica e independiente. Solo a ellos les satisface una prensa condescendiente, que no cuestiona y se alegra de ser fiel sirviente del poder. El triunfo de la intolerancia es el retorno al oscurantismo. El periodismo crítico es imprescindible para la democracia. Por eso no podemos quedarnos callados mientras nos cercenan nuestros derechos.