Lo más visible para los guatemaltecos en la política puede no ser lo más importante. Cada cuatro año votamos por políticos para que ocupen puestos momentáneamente. Esto usualmente lleva la atención de la población, nombramientos de ministros, las personas que los acompañan en los puestos de confianza y nuevos diputados. Sin embargo, en la mayoría de ocasiones perdemos de vista lo más importante: la estructura del Estado que no cambia cada cuatro años.

Dentro de la estructura del Estado se encuentra un número considerable de situaciones a solucionar para erradicar la corrupción que genera privilegios que dañan los servicios del Estado, como en la educación de Guatemala. El pacto sindical de educación ha sido por años una fuente de privilegios para unos pocos, a costa de una mala oferta educativa en el país.

La educación del país tiene que ser prioridad para los guatemaltecos. A través de la educación se pueden ampliar las oportunidades de trabajo y de desarrollo para la población. Esto debe ocupar una atención importante del liderazgo del país, especialmente al tener Guatemala un bono demográfico.
Para poder recuperar la educación de Guatemala se necesita un cambio radical en el pacto colectivo de educación. Este pacto colectivo ha sido utilizado como herramienta política por líderes sindicales a través de los distintos gobiernos. A través de manifestaciones y huelgas han procurado que los políticos de turno aprueben sus demandas sin una evaluación del impacto de estas en el sistema educativo.

Regularmente conocemos de estos problemas en las actividades políticas del sindicato, a través de las manifestaciones en apoyo a gobiernos o en huelgas exigiendo sus demandas. Sin embargo, estas decisiones de los últimos años y el pacto colectivo vigente tienen efectos diarios en la mala educación del país, impidiendo el mérito y desarrollo de los docentes que se traduzca en mejor educación para los niños del país.

Los impactos reales del pacto colectivo de educación y los privilegios que genera no son del todo conocidos, ya que por muchos años estas negociaciones han sido oscuras. Pero algunos de los principales privilegios que generan incentivos perversos y tienen un efecto negativo en la educación son las plazas permanentes, sin evaluación de desempeño o de mérito, de las cuales se estima que hay 168 mil, aproximadamente.

El sistema educativo del país necesita maestros con conocimientos, habilidades de enseñanza y dispuestos a revisar constantemente su desempeño, traducido en el aprendizaje de alumnos. Ser valorado y compensado de manera justa por el trabajo, así como poder ser dueño del esfuerzo individual, es parte de la dignidad humana. Tener una plaza para recibir una remuneración asegurada a cambio de protección de un dirigente, y además teniendo efectos nocivos para la educación y futuro de un país, no es digno. Necesitamos una educación digna para avanzar como sociedad.

En los últimos años, la ciudadanía guatemalteca le hemos puesto más atención a la dinámica política de personajes. Esto es predecible y natural, especialmente al estar en un período de elecciones generales. Ahora que las nuevas autoridades han tomado posesión, es importante ponerle atención y exigir resultados reales en los problemas estructurales que existen en el Estado de Guatemala, especialmente la educación, al ser, de momento, una limitante para el desarrollo en un país en el cual este desarrollo es urgente e importante.