En el 2014, Roxana Baldetti, en ese entonces vicepresidenta, fraguó la adquisición de una sustancia para descontaminar el Lago de Amatitlán, por la nada despreciable suma de Q137 millones. En el negocio estaba involucrado su hermano Mario Baldetti, que ni siquiera era empleado del Estado. Los análisis de laboratorio demostraron que la fórmula mágica solo era agua con sal. Fue un fraude a gran escala en el que estaba involucrada una empresa israelí. Ahora, de nueva cuenta utilizan agua para falsificar pruebas para detectar covid-19. El Ministerio de Salud adquirió 30 mil pruebas por un total de Q7.3 millones, o sea se pagaron Q245 por cada prueba que solo contiene agua. Este es un hecho criminal porque atenta contra la vida de miles de guatemaltecos expuestos a ese fraude. En un verdadero estado de Derecho, los responsables de esa acción deleznable ya hubieran sido destituidos y puestos a disposición de las autoridades, pero aquí no pasa nada.

Gracias a la oportuna denuncia de la ministra Amelia Flores se pudo conocer el alcance de este acto criminal, el cual se trató de ocultar con procedimientos anómalos, como fue la distribución directa de las pruebas a los hospitales. Pero lejos de respaldar a su ministra, el presidente Alejandro Giammattei ha intentado reducir el impacto, al decir que “no es exactamente lo que dice Salud”. ¿Cómo el presidente, que es médico, puede cuestionar lo que han alertado los centros hospitalarios de Chimaltenango y Huehuetenango, donde comprobaron que las pruebas no sirven? La actitud del mandatario tendría que analizarse a partir de que uno de los involucrados, el ex gerente financiero de Salud y actual viceministro de Deportes, Ronaldo Estrada Rivera, fue financista de su campaña presidencial y uno de los protegidos de su amigo Miguel Martínez, exdirector del Centro de Gobierno. Como mínimo, Estrada Rivera debería ser separado de su cargo para someterse a la investigación del Ministerio Público, pero sigue al frente de su despacho.

Detrás de la falsificación de pruebas no está un solo funcionario, sino una estructura mafiosa. La estadounidense Atila Biosystems aclaró que no le vendió a Kron Científica e Industrial las pruebas que esta compañía le entregó al gobierno guatemalteco. La empresa fabricante detectó que el color y marcas de los tubos proporcionados por Kron no coincidían con el código cromático y número de lote de los productos originales. Eso quiere decir que estamos frente a un producto totalmente falso que habría sido fabricado a gran escala en una estructura empresarial dirigida por mentes siniestras. Esa mafia tendría instalada una planta de producción de pruebas dañinas para la salud de los guatemaltecos. Indudablemente, Kron tiene que responder ante la justicia por este terrible hecho, que la propia Atila Biosystems calificó como un crimen atroz.

Sin embargo, Giammattei se concreta a decir que “más que un fraude” se trata de una “irresponsabilidad administrativa de alguien que se hizo el loco y cobró las fianzas de un contrato”. No se ve por ningún lado la indignación del mandatario. El presidente asume las veces de vocero de la Comisión Presidencial contra la Corrupción para decir que “se está tergiversando la atención de lo que realmente pasó”. Esa actitud solo demuestra que tal comisión hace lo que Giammattei quiere, ya que ni siquiera tiene vocero propio. Está totalmente bajo control del mandatario y este trata de ocultar algo. Para más el vicepresidente Guillermo Castillo calificó este hecho como un atentado contra la salud y contra la vida de las personas. El mandatario demuestra que no tiene el menor interés en la salud de la población del país, porque a este hecho criminal se agrega la mala gestión de la pandemia y el retraso pernicioso de la compra de vacunas contra el covid-19.