El presidente Alejandro Giammattei finalmente se pronunció sobre el decreto 15-2020, aprobado por el Congreso el 3 de abril pasado. Durante 26 días, el mandatario guardó un absoluto silencio sobre estas medidas que prohibían el corte de los servicios de agua potable, energía eléctrica, teléfono e internet. Pese a que diversos sectores le pidieron que publicara el decreto para que entrara en vigencia, nunca lo mencionó en sus comparecencias diarias sobre el coronavirus. Fue hasta que la Corte de Constitucionalidad le dio 48 horas para pronunciarse que Giammattei dijo que lo vetaba. Para no cargar con el costo político de tal acción, presentó su propia iniciativa de ley hecha a rajatablas.

Aceptemos que el presidente tiene razón de que el decreto 15-2020 tenía inconstitucionalidades. Sin embargo, eso no resuelve la duda de por qué se tomó 26 días para decirlo, si en una semana a lo sumo su equipo de asesores lo habría analizado y él habría tomado una decisión. Queda en el ambiente que el mandatario no quería afectar intereses económicos y a última hora se vio obligado a presentar otra iniciativa solo para taparle el ojo al macho. Ya estamos en mayo y es probable que a miles de personas les hayan cortado los servicios básicos por falta de pago, y eso se debe a la actitud dilatoria del Gobierno. Cuando se analiza la propuesta oficial se observan incongruencias que dejan ver la actitud del presidente Giammattei de defender a sectores económicos poderosos.

Para comenzar, la iniciativa oficial fue presentada al Congreso en forma tardía y su análisis llevará varios días, lo cual retrasará su posible aprobación. Si bien trata de garantizar el suministro de servicios de agua potable, energía eléctrica, teléfono e internet, su puesta en práctica no será automática, sino estará sujeta al burocratismo. En cada uno de los servicios se plantea que los usuarios deben solicitar convenios de pago, con las consiguientes largas colas, pérdida de tiempo y, por supuesto, que le digan que no. Recuerde, la iniciativa no prohíbe cortar los servicios y las empresas tendrán la potestad de decir si aceptan o no la petición de los usuarios. Esto mismo supone aglomeración de personas, lo que estaría reñido con las medidas de distanciamiento social propagandizadas por el gobierno.

Si el presidente Giammattei está interesado en que la población tenga acceso a internet, ¿por qué señala en su iniciativa que las empresas proveedoras pueden reducir el servicio a un plan básico, que solo permita el acceso a correo electrónico y a las páginas gubernamentales? Esto es una burla, porque eso significa que usted puede hacer un convenio de pago, pero las operadoras solo le van a dejar ver su correo y los sitios oficiales. ¿Qué pasará, por ejemplo, con los maestros y alumnos que deben dar y recibir clases virtuales? ¿Qué pasará con las personas y microempresas que utilizan internet para ofertar sus productos? ¿Tampoco tendrán acceso a redes sociales? Si ustedes, estimados lectores, vieron las fotos de cuando el presidente recibió donaciones de Claro y Tigo, entonces comprenderán que posiblemente esta iniciativa oficial habría sido dictada por funcionarios de esas operadoras.

El partido Todos también se burla de la ciudadanía. El lunes pasado, el diputado Felipe Alejos propuso la creación de un impuesto por tres meses, prorrogable, al cual estarían afectos los funcionarios y empleados públicos que devengan un salario arriba de Q15 mil. A estos les descontarían el 20% de sus ingresos mensuales. ¿Saben dónde está la maniobra? Los diputados tienen un salario de Q9,550, ya que sus demás ingresos son por dietas y gastos de representación, lo cual significa que ellos estarían exentos de ese impuesto. Estas son las brillantes iniciativas con las que quieren darle atol con el dedo a los sectores más pobres del país.