La patronal guatemalteca representada en Cacif ha dado un claro mensaje: “Los guatemaltecos votamos de forma pacífica en primera y segunda vuelta eligiendo a las próximas autoridades. El presidente y vicepresidenta, Sr. Bernardo Arévalo y Sra. Karin Herrera; diputados y alcaldes, deben tomar posesión de sus cargos a partir del 14 y 15 de enero de 2024, conforme a los resultados que ya fueron oficializados por el Tribunal Supremo Electoral”. Esto deja por fuera cualquier duda o comentario malintencionado sobre cómo piensan miles de empresarios representados dentro de la cúpula empresarial.

En nuestro país, la ley es clara y establece de forma inequívoca que el Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral, según lo establece el artículo 121 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, de rango constitucional. Por ello no hay cabida dentro de la norma constitucional existente para pensar en un escenario distinto a que todas las autoridades electas, y plenamente oficializados los resultados, puedan tomar posesión en enero.

Ahora bien, es totalmente comprensible que existan malos perdedores. La historia demuestra que eso es normal en varios países, incluso en países desarrollados y a lo largo de varias épocas. El fin de semana tuve oportunidad de leer el último libro de los profesores de Harvard Steven Levinsky junto con Daniel Ziblatt titulado Tyranny of the Minority (Tiranía de la minoría). Una frase que se me quedó grabada y muy apropiada a la situación que pasamos ahora es: “Una vez los partidos políticos aprendan a perder, la democracia puede tomar raíz”, y es que explican cómo a lo largo de la historia y en países como Estados Unidos, Francia, Tailandia, y otros ejemplos, siempre han existido partidos y representantes políticos que simplemente no aceptan que perdieron, o que saben que su poder o influencia están en riesgo y quieren aferrarse a ello.

Ya lo dijo también claramente Fundesa en varios comunicados, que no hay otro escenario legal posible y que las autoridades electas deben asumir; sin embargo, el viernes, además, se añadió el claro mensaje a “no dejarse llevar por rumores o comentarios infundados, que solo buscan dividirnos y que sigamos trabajando juntos por afrontar los retos que el nuevo Gobierno tendrá para generar mayores oportunidades y desarrollo para todos”. Y vaya si no lo estamos viendo, cuentas falsas que suben videos grabados en el 2019 de otros partidos políticos, tratando de desinformar, o personas inescrupulosas que no entienden que ya todas las instituciones de diferentes sectores han expresado su claro rechazo a un rompimiento constitucional.

Guatemala está interconectada y es una nación que tiene una enorme oportunidad de aprovechar el nearshoring y otras tendencias globales gracias a su excelente evaluación macroeconómica, financiera y de riesgo, por lo que tenemos que seguir trabajando en fortalecer nuestras instituciones y la forma en que damos certeza jurídica a la inversión. Un análisis económico elaborado por Fundesa muestra que un rompimiento constitucional impactaría en más de US$6,100 millones en exportaciones, más de US$21 mil millones en remesas, alrededor de US$630 millones en turismo, US$2,600 millones del PIB y US$775 millones en inversión extranjera directa, así como US$280 millones en cooperación internacional, además de pérdidas incalculables por riesgos de tasa de interés. Por ello, por el futuro de nuestro país y el sostenimiento de nuestra República, las autoridades electas deben tomar posesión.