El 2021 finaliza y el balance de la pandemia y de la forma en que ésta ha sido gestionada, incluida la vacunación, es muy doloroso. Nos fue peor que en 2020, en términos de casos y fallecimientos por covid-19. Entre la variante Delta y lo poco que se aprendió y aplicó para mejorar la respuesta frente a la situación, perdimos en 2021 cerca de 33 mil vidas adicionales a las que se hubiera podido esperar en un año no pandémico. A esas se suman las 16,655 muertes adicionales ocurridas en 2020, para darnos casi 50 mil muertes en exceso en el lapso de un año y medio de pandemia (al 17 de noviembre). Considerando que entre 2015 y 2019 el promedio anual de muertes ha sido de 83,787, significa que, en 17 meses, hubo un 60% de más muertes con respecto a ese promedio anual del último quinquenio.

50 mil fallecidos adicionales es una cuarta parte del saldo total de muertos que se ha estimado que dejaron los 36 años de guerra que hizo el Estado de Guatemala contra su propia población. 50 mil fallecidos adicionales es una cifra casi equivalente al número de personas desparecidas durante los 36 años de guerra en Guatemala, cuyos cuerpos aún no se recuperan. Así de duro ha sido este año y medio, aunque algunos los quieran minimizar o relativizar.

Viéndolo respecto a los datos previamente señalados de nuestra propia historia reciente, es realmente dramático, porque sabemos que muchas de esas muertes se pudieron prevenir con una adecuada estrategia de manejo epidemiológico, con el fortalecimiento real de la red de servicios públicos de salud y con haber realizado oportunamente la gestión de compra bilateral de vacunas, como si hizo el resto de Centro América, sin compras embarradas de opacidad y tratos espurios. No digamos porque la implementación de la vacunación también ha dejado que desear: La dominancia del imaginario capitalino, urbanocéntrico y con una estrategia rígida de acceso donde el ciudadano debe acudir a los puestos de vacunación luego de un registro electrónico, es parte del problema. Se le suma una débil cadena de frío, la ausencia de información y comunicación apropiada y la falta de fortalecimiento de las capacidades institucionales del MSPAS para tener más equipos de vacunación y condiciones logísticas y operativas para el desplazamiento en áreas rurales.

Así, desde el inicio de la vacunación en Guatemala, el 25 de febrero 2021, han muerto 9,401 personas por la covid-19, según el tablero oficial del MSPAS. No por la vacuna, sino por la falta de ella. Por supuesto, esta cifra no considera a los que fallecieron sin prueba positiva que, según los análisis que hemos hecho en el LaboratorioDeDatosGT, alcanzan fácilmente otras 15,448 personas solo en 2021.

Considerando la alta tasa de efectividad de las vacunas, la mortalidad por la covid-19 se pudo haber reducido ostensiblemente con una vacunación acelerada y equitativa. Pero la gestión realizada nos tiene, en cambio, en los últimos lugares del ranking de vacunación de Latinoamérica (27% de la población con dos dosis) y con apenas 0.5% con una 3 dosis para enfrentar la variante ómicron. Además, según el índice de seguridad global en salud 2021, en lugar de mejorar capacidades, perdimos posiciones en el ranking de preparación para una epidemia y amenazas transfronterizas en salud.

Por si fuera poco, estamos a dos días de que finalice el año, y la empresa que negoció la vacuna Sputnik con este gobierno aún tiene pendiente de entregar 2,181,600 dosis de vacuna que está pagada desde abril. Tranquilos están pues saben que las alfombras venían envueltas en el manto de la impunidad. Con estas cifras, sin medidas y con ómicron rondando, podemos esperar un duro arranque en 2022.