El periodismo independiente en Guatemala está en grave riesgo. Con el paso de los días crecen las amenazas, intimidaciones y ataques hacia colegas que ejercen su labor y publican informaciones, análisis e investigaciones referidos a casos de gran corrupción, graves violaciones a los derechos humanos, abuso en el ejercicio del poder y hechos ilícitos relacionados con personas de los sectores político, militar y económico o grupos del crimen organizado.

Los ataques contra periodistas se dan a través de amenazas, robo de equipo, hackeo de las cuentas en redes sociales y campañas de difamación para disminuir su credibilidad y la de sus publicaciones. También es una constante el acoso en redes sociales con insultos y mensajes intimidatorios que, en el caso de las mujeres periodistas, incluyen referencias a su vida privada, sus familias y amenazas de violencia sexual.

A este tipo de agresiones hay que sumar las presiones por las posiciones editoriales de los medios y por el tipo de información que se difunde. El cerco económico, por la vía de la publicidad estatal o privada, es uno de los recursos más utilizados y ha tenido como consecuencia inmediata la pérdida de decenas de plazas de trabajo y la drástica reducción de las salas de redacción. De un tiempo para acá se han hecho más que frecuentes las llamadas a propietarios y directores de medios para pedir los despidos de periodistas y columnistas, a quienes los grupos de poder consideran “incómodos”.

Dada la evidente simbiosis de muchas autoridades y funcionarios públicos —a nivel local y nacional— con las redes criminales, los niveles de riesgo se incrementan y los ataques son cada vez más sistemáticos. Resulta muy peligrosa, por ejemplo, la labor de periodistas departamentales que cubren temas de corrupción y narcotráfico en sus municipios, o la de quienes reportan sobre la contaminación y los abusos en sus comunidades provocados por los proyectos extractivos, hidroeléctricos o de monocultivos. Las respuestas a su trabajo, además de las amenazas a su vida y a su integridad, vienen por la vía de la criminalización, ya que muchos colegas enfrentan demandas penales o guardan prisión por delitos inexistentes.

Los ataques, burlas y descalificaciones hacia la prensa independiente que pronuncian en sus discursos altos personeros del Estado y el creciente cierre de las fuentes de información son otros de los temas de enorme preocupación. La denegatoria de las solicitudes de información pública, incluyendo las relacionadas con el uso de los recursos, y el impedimento del ingreso a las actividades del presidente, ministros, diputados o alcaldes a periodistas que se distinguen por su trabajo de fiscalización, para evitar cuestionamientos que “perturben” a los funcionarios, son violaciones flagrantes a los derechos de libertad de expresión y de acceso a la información, y evidencian un uso abusivo y autoritario del poder.

En las últimas semanas se incrementaron las amenazas en contra de los colegas Michelle Mendoza y Oswaldo Ical Jom. Estos ataques se suman a los actos violentos e intimidatorios contra otros periodistas de medios locales y nacionales.

En su apoyo y en rechazo a la violencia, acoso y criminalización que persisten, decenas de personas y organizaciones exigimos en un comunicado público cesar el hostigamiento, garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información y terminar con la impunidad para los agresores de periodistas. Exigimos al MP que cumpla con su misión y obligación de investigar y llevar ante la justicia a los responsables de estos ataques.

Que se diga y se escuche fuerte y claro: ¡No se oculta la verdad atacando periodistas!