Cuando a la derecha radical no le sirven los resultados electorales acude a las viejas formas autoritarias para mantenerse en el poder. La democracia les es útil siempre y cuando sean sus líderes los que ganan. De lo contrario, inventan fraudes donde no los hay y, sin dudarlo, utilizan la violencia y promueven los golpes de Estado.

Lo vimos en Estados Unidos cuando el expresidente Donald Trump denunció un fraude inexistente y alentó a sus seguidores a asaltar el Capitolio para impedir que se declarara a Joe Biden ganador de la elección. Y lo presenciamos este domingo en Brasil, cuando cientos de militantes bolsonaristas invadieron el Congreso, el Tribunal Supremo y el palacio presidencial de Planalto, sede del gobierno brasileño, con la intención de dar un golpe de Estado contra el presidente Lula Da Silva, quien recién asumió el poder el 1 de enero.

Pero lo ocurrido ayer no es un hecho aislado, forma parte de un plan que los sectores más conservadores, aliados con grupos neofascistas en Brasil, vienen ejecutando desde 2016. Recordemos el golpe parlamentario contra la entonces presidenta Dilma Russeff y la farsa judicial —a partir de una denuncia espuria y sin sustento— que mantuvo a Lula en prisión por 580 días y le impidió participar en la elección de 2018, en la que resultó vencedor Jair Bolsonaro.

Tan burda fue la maniobra que el juez Sergio Moro, quien conoció la causa penal contra el líder histórico del Partido de los Trabajadores (PT), fue nombrado por Bolsonaro ministro de Justicia. Es más, en 2021 el Tribunal Supremo de Brasil resolvió que Moro “no fue imparcial en el enjuiciamiento por corrupción de Luiz Inácio Lula da Silva, en el marco de la operación Lava Jato” (BBC Mundo 23/3/21). La justicia penal como herramienta de criminalización. ¿Les suena?

El golpe de Estado que quisieron concretar en Brasil se fue dando por etapas. El colega Juan Manuel Karg. de la Radio Nacional de Argentina, publicó un recuento de las fechas clave que permiten entender la integralidad de la estrategia golpista: el 18/7/22 el entonces presidente Jair Bolsonaro cuestionó —ante embajadores acreditados en su país— el sistema electoral y la supuesta vulnerabilidad de las urnas electrónicas; el 22/11/22 el Partido Liberal (PL), por el que Bolsonaro se presentó a la reelección, solicitó al Tribunal Superior Electoral la anulación de los votos emitidos en 280 mil máquinas (40% del total de las utilizadas en la segunda vuelta electoral) en un intento por invalidar la elección.

El 12/12/22, el bolsonarismo quemó decenas de carros y buses y atacó un edificio de la Policía Federal para evitar que Lula recibiera en Brasilia el diploma de presidente electo; el 24/12/22 fue detenido el empresario George Washington de Oliveira, férreo bolsonarista, tras pretender volar un camión con combustible en el aeropuerto de Brasilia para crear un caos que diera paso a un anuncio de estado de Sitio. Antes y durante todo el mes de diciembre seguidores del entonces presidente organizaron concentraciones y acamparon frente a cuarteles militares pidiendo la intervención del ejército para impedir la toma de posesión de Lula.

Decenas de mandatarios y líderes mundiales se pronunciaron rechazando la intentona golpista y en defensa de la democracia en Brasil. La cancillería guatemalteca calificó lo sucedido como “vandalismo”, obviando la referencia a un golpe, lo que no extraña ni sorprende. Son tiempos de cerrar filas ante el avance del fascismo y del autoritarismo que se expresa a través de la violencia, la intolerancia y la criminalización. No pasarán.