Miles de salvadoreños manifestaron el 15 de septiembre su rechazo a varias acciones que ha llevado a cabo el presidente Nayib Bukele. Esta es la primera muestra masiva de repudio contra la decisión de adoptar el bitcóin como moneda de curso legal, la cooptación del Organismo Judicial y la reelección presidencial. En esencia esta movilización dejó ver el descontento popular contra la concentración del poder en manos del gobernante, quien hace apenas siete meses celebraba que su partido Nuevas Ideas arrasaba en las elecciones legislativas y municipales. En esas justas alcanzó la mayoría de alcaldías y 56 diputaciones, con las cuales puede aprobar leyes sin necesidad de alianza alguna en el parlamento. Esa resonante victoria le permitió a Bukele efectuar una serie de cambios que han golpeado a la justicia, el bolsillo de los salvadoreños y podría implicar un serio revés a la democracia si se concreta el continuismo político.

La incertidumbre que se cierne sobre los salvadoreños tras la adopción del bitcóin como moneda de curso legal generó que miles se lanzaran a la calle, porque golpea directamente la economía popular. ¿Cómo comprender una moneda que solo existe en forma virtual y que es muy volátil? Esta divisa digital no tiene respaldo de banco central alguno y existen problemas para su uso como medio de pago, sobre todo en un país que carece de una divisa propia, ya que desde el 2001 legalizó el dólar estadounidense como moneda de curso legal. Por ejemplo, el lunes 6 de septiembre, la criptomoneda superaba los US$52,000 y el martes 7, cuando hizo su debut en El Salvador, había caído a US$43,050. Por lo regular este tipo de moneda se compra para inversión y con mucha cautela para otros usos. Entonces, es lógico el rechazo cuando es impuesta como medio de pago en transacciones cotidianas, porque la población sabe que su valor está en la cola de un venado, sobre todo para quienes viven en el día a día.

Otra medida que ha sido rechazada en El Salvador es el golpe que Bukele le ha dado a la justicia. El 1 de mayo pasado, la Asamblea Legislativa, con mayoría del partido oficial, destituyó a todos los miembros de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, así como al fiscal general. Con esa acción el mandatario pudo colocar en esos puestos a elementos favorables a las políticas del régimen, con lo que comenzó el proceso de concentración de poder. A lo anterior se agregó que, a principios de septiembre, la Asamblea Legislativa aprobó la destitución de los jueces y magistrados con 60 años cumplidos, lo cual implica llenar las vacantes con elementos cercanos al partido oficial y que el sistema judicial sea cooptado completamente por Bukele. Este hecho es una clara violación a la independencia judicial y, por ello, en la manifestación del pasado miércoles, asistieron jueces, con traje y corbata, con pancartas de rechazo a tales acciones.

Bukele parece estar embarcado en un proceso de acumulación de fuerzas para lograr hacerse del poder a largo plazo. Solo de esa manera se puede entender que la Sala de lo Constitucional, ya cooptada por el gobierno, emitiera una resolución con la cual habilitó que los presidentes salvadoreños puedan optar a la reelección inmediata. Ese fallo revirtió otro del 2014 que prohibía la reelección presidencial en los diez años posterior a que un gobernante deje el puesto. De esa forma, Bukele no solo ha mancillado la independencia judicial, sino que la ha puesto a sus pies para lograr el continuismo. Estas acciones podrían erosionar el nivel de popularidad que aún acompaña al mandatario, porque los salvadoreños ahora comprenden el peligro que representa. No es solo el riesgo que para los sectores de bajos recursos implica el uso de una moneda volátil, sino que el peligro de tener a un dictador en ciernes.