En el 2017 se hizo más que evidente la conformación de un amplio bloque de actores políticos, económicos y militares, quienes, junto a integrantes de estructuras criminales, compartían el objetivo común de procurarse impunidad.

Dada la fortaleza que en aquel momento tenía la maquinaria de demolición del Ministerio Público (MP) y la Cicig, que avanzaba —a través de investigaciones y procesos penales— en la desarticulación de estructuras de gran corrupción, y contaba con un mayoritario respaldo ciudadano y de la comunidad internacional, en particular del gobierno de los Estados Unidos, la estrategia del contraataque se diseñó por etapas.

El contragolpe se desarrolló en cuatro planos, que todavía se mantienen: el político, el jurídico, el diplomático y el de la opinión pública. La coincidencia de intereses entre los actores y su infinita capacidad económica para dotarlo de recursos —lícitos e ilícitos— posibilitó que la regresión se fuera instalando poco a poco hasta llegar al momento crítico en el que nos encontramos.

En el componente político se privilegió la conformación de una alianza parlamentaria con el oficialismo —en aquel entonces, FCN Nación; hoy Vamos— para desplegar una agenda legislativa regresiva que frenara los avances en las reformas al Código Penal y en la Ley Electoral y de Partidos Políticos; impidiera la aprobación de una reforma constitucional en materia de justicia que promovía cambios en los mecanismos de elección de las cortes y promoviera leyes para restringir derechos y libertades. Los incentivos económicos y la garantía de impunidad fueron —y siguen siendo hasta hoy— los ingredientes perversos que mantienen la unidad del bloque político procorrupción, popularmente bautizado como Pacto de Corruptos.

En el ámbito jurídico se impulsó el litigio malicioso para impedir el avance de los procesos y promover causas penales y administrativas contra jueces y fiscales independientes. El fortalecimiento de las redes de tráfico de influencia entre operadores de justicia, bufetes de abogados y espacios gremiales fue otra de las estrategias para entrampar los juicios. Consiguieron el realineamiento de la Fiscalía General del MP para debilitar el trabajo de la Feci y reorientar la política criminal, y le dieron un nuevo impulso a la cooptación de las cortes. Y en eso estamos.

La ruta diseñada en el ámbito diplomático no pudo ser más oportuna. Teniendo a Donald Trump como nuevo inquilino de la Casa Blanca, se combinó una agresiva estrategia de cabildeo —que incluyó al lobby judío, a las iglesias neopentecostales y a la Asociación del Rifle, a la que varios chapines poderosos están adscritos— con decisiones de política exterior como el traslado de la embajada de Guatemala en Israel y la firma del vergonzoso Acuerdo de Tercer País Seguro, que buscaba convertirnos en una cárcel para migrantes. Eso fue suficiente para ganarse la simpatía de la administración Trump y garantizar que el cierre de la Cicig se diera sin mayores consecuencias para el gobierno.

La cereza de la torta fue —y sigue siendo— una ofensiva brutal en el ámbito de la opinión pública, que incluyó al monopolio de la televisión abierta, a medios vinculados con acusados en casos de corrupción y a un ejército de netcenters que continúan generando desinformación, noticias falsas y polarización, para deslegitimar y restar apoyo ciudadano a la lucha contra la impunidad y a sus principales actores. También hubo un boicot económico y presiones desmedidas contra periodistas y medios independientes.

Todo esto nos trajo hasta aquí. Y hoy esa coalición proimpunidad busca ganar su última gran batalla, agenciándose el control de la Corte de Constitucionalidad para terminar de cerrar el círculo y garantizar que no haya más fisuras en el realineamiento del Estado cooptado.