Los cargos de funcionarios que ostentan poder público son sujetos a diferentes límites y controles. Uno de estos controles es el principio de alternabilidad, a través del cual se determina un plazo determinado para el cual un funcionario ocupa un cargo y se asegura una renovación del plazo a través de un proceso de elección. El proceso más conocido por los ciudadanos es el proceso de elección de presidente, diputados y alcaldes que sucede cada 4 años, previo al vencimiento del plazo constitucional de dichos funcionarios. Esto también sucede con el Jefe y Fiscal del Ministerio público (MP) cada cuatro años pero de forma distinta porque los ciudadanos no votamos en esta elección, sino que son otras personas.

La elección del Jefe del MP se realiza a través de un proceso de comisión de postulación. Este consiste en un grupo de profesionales preestablecidos que llevan a cabo reuniones públicas para calificar a aquellas personas que se postulen al cargo y elegir una nómina de 6 candidatos. De esa nómina de 6 candidatos el Presidente elige al próximo Fiscal.

La tarea y trabajo que tiene bajo su responsabilidad dicha comisión es de gran importancia para el país. La comisión de postulación en este caso se conforma por: el presidente del Organismo Judicial, los decanos de las facultades de Derecho, el presidente del Colegio de abogados y presidente del Tribunal de Honor. Y se integra por un plazo aproximado de 3 meses en los cuales reciben, revisan y califican los expedientes de los profesionales que postulen a dicho cargo.

Cuando se propuso dicho modelo se hizo con la intención que el Presidente de la República pudiera elegir dentro de una nómina de 6 candidatos dentro de cuales todos tuvieran las competencias suficientes para dirigir el Ministerio Público. De tal forma que califica las aptitudes profesionales y éticas de los profesionales que aspiran a dicho puesto. Los modelos de elección varían en diferentes países, por ejemplo en Estados Unidos la designación de Fiscal General es realizada directamente por el Presidente con sugerencias del Senado.

Mayoritariamente los integrantes de la comisión de postulación tienen una reconocida trayectoria profesional y están en la comisión por su experiencia y conocimiento de dirigir instituciones académicas por varios años. Sin embargo, existen casos de creación de facultades de derecho con el objetivo de poder incidir en dichos procesos. De igual forma ha sucedido con los cuerpos del Colegio de abogados y sus elecciones, en donde han involucionado a ser concebidos como un espacio para tener poder de incidencia dentro de las comisiones de postulación.

Esto ha provocado que a nivel de opinión pública se hagan muchas generalizaciones y críticas injustas, para la ciudadanía los mejores integrantes de la comisión son aquellos que no buscan estar allí para incidir en el proceso si no que son invitados a participar en la comisión por su experiencia y conocimiento al ejercer un cargo dentro de otra institución con trayectoria.

Los profesionales que ocupan están comisión en ocasiones pasadas han estado sujetos a presiones e intimidaciones de grupos e intereses particulares que buscan incidir en dicho proceso. Las presiones se han visto de distintas formas, desde difamaciones, intimidaciones hasta amenazas para intentar condicionar sus calificaciones y votos.

Durante este proceso, como ciudadanía tenemos una tarea importante, dejar de lado las generalizaciones y polarización y mejorar nuestra capacidad de pensamiento crítico para identificar a quienes sí están haciendo un trabajo objetivo e íntegro en la comisión con la valentía de no ceder a presiones. Los comisionados que realicen dicha labor de forma objetiva y profesional merecen el apoyo de la ciudadanía. Guatemala lo vale y este es una oportunidad para construir una mejor Institucionalidad en el país.