En Guatemala se habla del “Debido Proceso” por muchos. Si hacemos una rápida búsqueda del término y la relacionamos con notas de prensa, el término se volvió común y se le cita por unos y por otros. Que los derechos fundamentales sean conocidos por la generalidad es bueno para una democracia y sobre todo para un sistema republicano tan precario como el nuestro; sin embargo, también se utiliza de forma deficiente o de forma sesgada.

Para la humanidad fue un logro que las sentencias se produjeran luego de haberse creado la institución del “proceso”; es decir, una serie de pasos concatenados que produjeran una resolución. Antes el rey decidía y punto. Pero también se observó que en ciertos lugares la existencia del proceso se convirtió en un elemento de represión y de autoritarismo por medio del cual, luego de someter a los distintos imputados a determinados pasos, las sentencias se dictaban injustas y draconianas, la civilización occidental introdujo lo relativo al “debido proceso”, que no es más que una serie de elementos fundamentales que debe tener todo proceso para considerarse justo.

Para entender mejor lo anterior veamos un ejemplo, porque no todo proceso es debido. En tiempos de la dictadura de Ríos Montt existían los tribunales de Fuero Especial, en la casa del ministro de la Defensa.

Estos tribunales conocieron casos, “juzgaron” y condenaron a muerte a diversos procesados. Juicios existieron, pero sin garantías procesales mínimas para generar una sentencia justa; la defensa estaba coartada; la fiscalización de prueba, imposible; la presunción de inocencia, un adorno: el sumario –tiempo de investigación—, súper corto; los jueces, secretos, y algunos juran que ni siquiera eran abogados. Estos tribunales son el mejor ejemplo de nuestra historia reciente, que muestra que no todo proceso es debido y que los procesos se utilizan también para mantener dictaduras. Estos tribunales de Fuero Especial son el mayor monumento histórico al desprecio de la actividad judicial.

Con la apertura democrática se iniciaron grandes reformas judiciales. Una justicia anestesiada y secuestrada por los gobiernos militares no produjo una sola investigación de ninguno de los atroces crímenes políticos cometidos o de los actos de genocidio perpetrados. La justicia procesal penal dio un viraje de 180 grados por el impulso de la Corte Suprema encabezada por Edmundo Vásquez Martínez.

Luego, en noviembre de 1996, un poco antes de la firma del último de los acuerdos de paz, se aprobó la Ley de lo Contencioso Administrativo, que intentó garantizar mayor control judicial, y en el gobierno de Alfonso Portillo se reformó el proceso laboral. Muchos esperamos la reforma al proceso civil, pero el Congreso no tiene tiempo de ocuparse en lo importante.

Lo principal, para cualquier persona que enfrenta o puede enfrentar un juicio, es un juez imparcial. Si no hay imparcialidad pueden existir leyes hermosas, pero los dados siempre estarán cargados a una de las partes y en la mayoría de casos a quien tiene más poder (acá y en cualquier parte del mundo).

Los abogados votaremos el próximo viernes por quienes nos representarán en las comisiones de postulación, ojalá tengamos el aplomo de vernos al espejo y comprender que buena parte de los males sufridos es debido a la negligencia gremial que tenemos en haber procurado un sistema judicial alejado de su pueblo y precario. Los postuladores deben darnos una garantía: su propia hoja de vida.

Proponer personas para hacerse cargo de la Corte Suprema y las cortes de Apelaciones es quizás la atribución más delicada en la crisis constitucional que vivimos, ojalá la cordura y sobre todo el compromiso con el derecho sean los únicos cimientos de cualquier decisión.