Según el último análisis que el estudio de Guatemala No se Detiene (GNSD) ha identificado para el componente de infraestructura en nuestro país, Guatemala puede enfocarse en ocho dimensiones que utilizan países líderes, relacionadas con crear mayor valor agregado en la capacidad ejecutora.

Las ocho dimensiones tocan temas relacionados con el mercado de suministros y construcción efectiva, procesos enfocados en la generación de valor, equipo de trabajo adecuado, optimización del concepto de diseño e ingeniería para la construcción, permisos y adquisición de derecho de vía sin inconvenientes, licitaciones y contrataciones efectivas, ejecución rigurosa y gestión de contratos y puestas en marcha bien planificadas.

Desde una perspectiva puntual de mejora, Guatemala sin duda puede mejorar ampliamente en cuatro de estas ocho dimensiones, con un impulso práctico hacia fortalecer las capacidades institucionales que le permitan al Estado aumentar la inversión pública.

Para la dimensión de permisos y derecho de vía, vemos cómo el proceso de obtención de permisos es incierto, largo y costoso, debido a que no hay claridad en el rol y responsabilidad de las instituciones y las municipalidades y en el modelo de coordinación institucional. Una buena práctica la encontramos en Chile que ha implementado un sistema de permisos estandarizados, que ha aprobado más de 10,000 proyectos en los últimos 13 años.

En el caso de oportunidades para mejorar el concepto de diseño e ingeniería para la construcción, se podría adoptar ahora que ya se ha reformado el reglamento de la ley de contrataciones, licitaciones que incluyan prácticas con contratos de optimización de diseños y construcción. Un ejemplo interesante lo podemos ver en el estado de Wisconsin, para reducir el gasto de mantenimiento y construcción de carreteras nuevas, implementó la iniciativa CRI (incentivos a la reducción de costos, por sus siglas en inglés) que busca fomentar ideas que reduzcan costos, optimicen procesos, disminuyan tiempos en procesos y generen una cultura de mejora continua. El programa asegura que el contratista se beneficie en el contrato de los ahorros generados.

Respecto de los modelos de licitación y contratación, se podría transparentar la definición objetiva de términos contractuales y la definición del proceso de licitación (ej. etapas y evaluación de propuestas). Utilizando a la Anadie, como lo han hecho otros países se podría aprender mucho de las buenas prácticas de países europeos. Italia, por ejemplo, cuenta con el mejor sistema de licitación y contratación de proyectos mediante alianzas público-privadas, algo que en nuestro país se puede mejorar con la reforma que el Gobierno de Guatemala está impulsando.

Por último, existen oportunidades de mejora en la gestión contractual, desarrollando mejoras en procesos como: actividades de interventoría de obras y términos de contrato más claros (para regular eventos y modificaciones al contrato ocurridos durante su ejecución). Acá vemos oportunidades interesantes en países como El Salvador que instauró un sistema de manejo de contratos que le ha permitido ser un referente de la región. Otros países como Panamá están implementando un sistema de contratos de rehabilitación y mantenimiento (Contratos Crema), que también podría ser interesante desde un punto de vista de eficiencia y que es congruente con la legislación guatemalteca.

Sin duda, las mejoras son necesarias para aumentar la inversión en infraestructura productiva, especialmente en carreteras y conectar a más ciudades intermedias.