El cronismo es un tipo de corrupción que también recibe el nombre de capitalismo crony, aunque nada tiene que ver con mercados libres. La palabra crony, en inglés, alude a amiguetes o compinches. Más que una práctica turbia específica, el término describe una operación política. En dicho sistema, varios amiguetes se asocian e intercambian protecciones y privilegios a través del aparato político. No tendrían acceso a estas ganancias en un mercado abierto y competitivo. El sistema invita a la formación de grupos de interés, incluyendo a corporaciones con brazos políticos, que influyen en las decisiones de gobierno y viceversa.

Paul Rubin (Crony capitalism) explica que los economistas han estudiado desde hace años la búsqueda de privilegios. En perjuicio de los ciudadanos en general, los reguladores sirven los intereses de los regulados. Todd Zywicki (Rent-seeking, crony capitalism, and the crony constitution) considera que el cronismo es algo más complejo que la mera búsqueda de privilegios, pues teje una compleja red en la cual los políticos y reguladores crean rentas artificiales, y luego usan los negocios privados para avanzar sus intereses personales. Las empresas y el gobierno se entrelazan a tal punto que la supervivencia de las corporaciones depende del visto bueno de los políticos. Una vez creada la renta, parte de esta se “comparte” o distribuye hacia los funcionarios y sindicatos estatales.

Únicamente existen dos formas de adquirir riqueza, explica Zywicki: creándola o tomando la creada por otros, unas veces al amparo de ley y otras, ilegalmente. La búsqueda de privilegios entre amiguetes usa procesos legales para apropiarse de la riqueza creada por otros. Es importante tener en cuenta que las transferencias coercitivas, como la creación de leyes proteccionistas, desincentivan la creación de riqueza y terminan haciéndonos a todos más pobres.

Un ejemplo documentado es el caso de la empresa estadounidense Archer Daniels Midland. Su director, Dwayne Andreas, financió campañas políticas, tanto al partido demócrata como al republicano; a cambio, su empresa fue favorecida con tarifas sobre el azúcar y subsidios para la producción de etanol, a un costo muy elevado para la sociedad.

Debemos realizar más estudios formales sobre el cronismo, opina Rubin. Él analizó los primeros cien artículos sobre cronismo que le aparecieron en Google. Descubrió que la mayoría son artículos de prensa y no ensayos académicos. Estos que se centran en economías no occidentales y suelen ser reacciones a un acontecimiento negativo, como, por ejemplo, la caída de un banco.

Con los insumos que nos brindan Rubin y Zywicki podemos armar el rompecabezas. Por lógica, el cronismo afecta más a las economías altamente reguladas. En países como Guatemala, el estado de Derecho es débil y la protección a derechos individuales generales y abstractos es inconstante. Proliferan las regulaciones específicas y hasta contradictorias, que asignan un poder discrecional de los funcionarios para extender concesiones a sus amiguetes.

Algunos sugieren corregir el cronismo con regulaciones más estrictas a las empresas, como, por ejemplo, impidiendo la formación de conglomerados o incluso prohibiendo ciertas inversiones. Pero tal propuesta va en contra del sentido común.
Solamente se fabricarían más oportunidades para el cronismo, pues agregaría capas adicionales de reguladores y de leyes enmarañadas. La mejor solución pasa por reducir las atribuciones y los poderes discrecionales de los funcionarios públicos para restarle atractivo monetario a la organización de grupos de presión y a la inversión de recursos escasos en el cabildeo y la búsqueda de favores.