El paquete de leyes económicas favorecidas por el presidente Alejandro Giammattei incluye una iniciativa de competencia. Es comprensible que la nueva administración sienta sobre sus hombros el mismo peso de la presión ejercida por la Unión Europea en administraciones anteriores. En agosto de año pasado, Guatemala fue sede de un congreso organizado por la Red Centroamericana de Autoridades Encargadas de Temas de Competencia (Recac). Guatemala fue observador por carecer de una nueva normativa de competencia, y podría ser sancionada por no satisfacer la expectativa generada por el Acuerdo de Asociación (AdA) entre la Unión Europea y Centroamérica, suscrito en el 2012. El plazo para aprobar la ley de competencia venció el 30 de noviembre del 2016. En mayo de ese año, de hecho, el pleno del Congreso conoció en primera lectura la iniciativa número 5074 para aprobar una ley de competencia, pero el proceso quedó inconcluso.

Desde el día en que alguien se percató que no teníamos una ley de competencia específica, ¿se ha transformado nuestra economía en una concentración de monopolios y oligopolios abusivos de sus trabajadores y consumidores? No. Guatemala cuenta con un sector privado extenso y dinámico, confirmó la Oficina Coordinadora Sectorial de Estadísticas Mipyme del Ministerio de Economía, en el 2015. Dicho estudio contó 788,313 empresas en total, de las cuáles 372,779 están activas y reportan ventas. De ellas, únicamente 0.43% son grandes empresas y 1.08% son medianas. El 98.49% restante son pequeñas y microempresas. Difícilmente podemos concluir que la economía guatemalteca se torna cada vez menos abierta y competida porque no se aprobó la iniciativa 5074.

La economía guatemalteca tampoco puede calificarse de ser una desregulada selva salvaje, simplemente porque no se aprobó esa ley. El artículo 130 de la Constitución Política del país requiere que el Estado proteja “la economía de mercado” y prohibe los monopolios y privilegios. El Código de Comercio subraya dicha prohibición.

Tal vez aprobar una nueva ley beneficie a la clase política. Aparte de congraciarse con la Unión Europea, el tipo de proyecto que favorecen algunos políticos ampliaría los poderes de los funcionarios públicos para intervenir y hasta quebrar negocios privados. En la iniciativa 5074 se crea una Superintendencia de Competencia que puede investigar, multar o sancionar a empresas acusadas de comportarse de una forma anticompetitiva, con el agravante que las resoluciones aprobadas por directorio de la superintendencia son inapelables.

Hace más de 30 años, James Bovard publicó El fraude del comercio justo, cómo el Congreso saquea al consumidor y diezma la competitividad americana. Bovard intuye una paradoja: la coerción estatal restringe la libertad comercial aunque su intención sea propiciar un entorno más justo y competitivo. Con buena fe, los diputados podrán pretender salvarnos de malvados empresarios, pero, irónicamente, es la coacción estatal la que origina y perpetúa los viricuetos, protecciones, privilegios y condiciones monopólicas que brindan rentas artificiales a ciertas empresas. Los regulados capturan a los reguladores.

¿Qué contendría una ley que sí facultara a los mercados operar eficazmente, con fluidez, imparcialidad y libertad de entrada y salida? ¿Qué redundará en beneficio de los ciudadanos? Nosotros, los “agentes económicos”, percibiríamos beneficios de una nueva ley de competencia, únicamente si esta fuera extremadamente concisa. Idealmente, contendría un artículo parecido al lema del Centro de Estudios Económico-Sociales: “se respeta la libertad individual de producir, consumir, intercambiar y servir, sin coerción ni privilegios”.