Veo escenas dantescas de cómo la Policía Nacional Civil avanza en contra de la comunidad K’ekchí de Chapín Abajo, en El Estor, Izabal, prestos a usar la fuerza contra la gente. Vestidos de intimidante negro, amparados en leyes y dictámenes que muerden a los descalzos, se mueven para un mandato aún más oscuro y macabro. Siendo guatemaltecos de seguro humilde origen en su mayoría, una vez más en nuestra triste y cruel historia, son puestos a ejercer la acción de fuerza del Estado contra poblaciones indefensas, tal vez hasta son las propias. Una abierta violación a la dignidad humana, a la función constitucional de protección de la vida que tiene el Estado y a los Acuerdos de Paz. Pero este es ya un Estado al que esas cosas poco le importan.

Esta comunidad K’ekchí, es una de todas las que están siendo atacadas y expulsadas por los intereses detrás de la expansión de la palma africana y los de la minería en esos territorios. Comunidades indígenas que, al igual que como pasó en la “Reforma Liberal de 1871”, con el café, “estorban” la avaricia de quienes quieren apropiarse de las tierras productivas que van quedando y de los ricos subsuelos que son propiedad de todos los guatemaltecos y guatemaltecas.

En ese entonces, había tierras altas hacia donde desplazarse y era, también, mucho menos gente. En ese proceso, se gestó la dicotomía latifundio-minifundio que por siglo y medio fue la base de la acumulación de capital desde el agro, a través de la labor —y el dolor— indígena principalmente. Ahora, con la dinámica expansiva, extractiva y expulsora que se ha venido intensificando de los años noventa a la fecha, la gente más bien “estorba” en el campo. Pero, éstos que se expulsan ahora ya no tienen prácticamente lugar a dónde ir y donde volver a tener algunos medios al menos para subsistir. Este es el drama de la limpieza del campo contemporánea que se está haciendo por goteo, comunidad a comunidad, “en el marco de la ley”, dicen, pero sin un solo gramo de humanidad. Le importa poco al Estado qué pasa con estas comunidades después de arrasar sus vidas y sus hogares. Quedan allí a la deriva, en medio del dolor, del despojo y la impotencia. Sin nada. Luego de que arrasan con todo, se escandalizan por el hambre y la inseguridad alimentaria y nutricional, por la destrucción ambiental que amplifica nuestra vulnerabilidad a los fenómenos climáticos. Ahh y claro le dan más dinero a los alcaldes para que “hagan proyectos”.

Todo lo están tomando: Si no son los de siempre, que nunca se sacian, son los emergentes que tienen tanto hambre voraz de riqueza, como anhelos de ser los nuevos “cabales” del país; o son los “otros” emergentes, los que no preguntan sino solo toman desde las sombras.

A veces me pregunto por qué es tan difícil entender esta racionalidad a la hora de pensar soluciones para que la gente no se vaya del país. ¿Acaso es difícil entender que para los distintos actores con poder e interés que controlan el Estado es mejor que la gente rural migre? Encima de que “salen de ellos”, bajan los riesgos de ingobernabilidad; mandan remesas que engordan los bancos, palían necesidades de los que aún quedan y mantienen la macro estable. Es duro decirlo, pero han logrado consumar una política de Estado prácticamente perfecta para mantener su proceso perverso de apropiarse de todo el país, manteniendo la estabilidad económica. Las masas depauperadas, y su flujo transfronterizo, son moneda de canje con “los aliados” para evitar la acción asertiva y matizar el reclamo internacional frente a la destrucción de lo que queda de nuestra precaria democracia post-paz; esa que tomó tanto a guatemaltecos como países amigos tanto esfuerzo lograr.