En aquella patética comparecencia pública en la que el presidente Jimmy Morales anunció su decisión de terminar unilateralmente con el acuerdo que dio vida a la Cicig quedó delineado el camino que se iba a seguir una vez logrado este propósito.

Recordarán ustedes cómo el mandatario apareció rodeado de las supuestas víctimas de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público y de la Cicig, quienes con lujo de detalle relataron sus historias, bajo la mirada complaciente del presidente, víctima también —según él— de persecución penal “ideologizada”. Aquello, más que un acto oficial de la presidencia, parecía un show televisivo al mejor estilo de Laura de América: ¡Que pase el condenado!

Ahora, con un poco más de parafernalia, crearon una comisión en el Congreso para seguir llevando adelante el numerito. El mismo formato pero con cambio de escenario. El anfitrión ya no es el jefe del Ejecutivo, sino un grupo de parlamentarios que comparten con Jimmy Morales su animadversión por la lucha contra la corrupción, porque se vieron salpicados en las investigaciones y procesos judiciales.

En dos platos, la mayoría de los 82 diputados que votaron a favor de conformar esta comisión anti-Cicig y, por supuesto, quienes la integran, tienen conflicto de interés porque han sido señalados por delitos que van desde financiamiento electoral ilícito, tráfico de influencias, plazas fantasma, recepción y pago de sobornos hasta enriquecimiento ilícito. O sea, son juez y parte.

Pero poco les importa. A sabiendas de que lo que están haciendo es ilegal porque el Congreso no puede suplantar el trabajo del Ministerio Público ni arrogarse la potestad de juzgar, decidieron hacerlo igual porque de lo que se trata es de concretar una venganza, SU venganza, aunque en el discurso quieran disfrazarla de “fiscalización”.

Esta venganza tiene nombres y apellidos. En primer lugar, el de los fiscales —en particular, el de Juan Francisco Sandoval—, cuyas investigaciones tienen a varios poderosos personajes del poder político, económico (tradicional/emergente) y militar cumpliendo condenas o a la espera de juicios.

También el de los jueces y juezas como Érika Aifán, Miguel Ángel Gálvez, Yassmin Barrios, Pablo Xitumul o Carlos Ruano; y el de magistrados como Gloria Porras, Bonerge Mejía, Francisco de Mata Vela, María Eugenia Morales y Delia Dávila, que han mantenido —a pesar de todo tipo de presiones y amenazas— su independencia judicial.

Por supuesto que la vendetta alcanza también a funcionarios que se atrevieron a denunciar y acompañar decididamente la lucha contra la impunidad y la corrupción. El ahogo financiero y la insistencia en la destitución de Jordán Rodas como procurador de Derechos Humanos es parte de lo mismo. Está claro que esto es solo el inicio de la lista, porque van a intentar perseguir y criminalizar a quienes desde diversos espacios se hicieron visibles y dieron la batalla contra estas redes de corrupción.

Semejante maniobra pone en peligro el estado de Derecho, la separación de poderes, la independencia judicial y la autonomía del MP. También nos coloca a merced de las arbitrariedades de un grupo de políticos mañosos que no tiene escrúpulos pero sí el apoyo de las cámaras empresariales que salieron a aplaudir, a través de su presidente, esta comisión de la inquisición. Sí, estos mismos señores que se quejaban de los “espectáculos mediáticos”, hoy aprueban y participan del show.

Obviamente la comisión tendrá patas cortas, porque es evidente que violenta principios constitucionales, pero servirá para alimentar los ataques que por la vía penal ya se están dando contra jueces y fiscales independientes. Ahí radica el verdadero peligro.