En diez meses el Gobierno rompió récord y enfrenta una crisis de legitimidad. El ministro de Gobernación, con dos días en el cargo, reprimió a manifestantes pacíficos en la Plaza de la Constitución, no evitó los daños al edificio del Congreso, a pesar de que era bola cantada la protesta en la novena avenida con ira y frustración. Todas las personas aprehendidas salieron por falta de pruebas, se evidenció la brutalidad policial y es probable que el Estado de Guatemala deba indemnizar daños. Al momento de escribir estas líneas no hay un solo capturado con implicación directa en la destrucción de propiedad pública con algún indicio racional, pero sin duda el recién nombrado funcionario logró meter el fantasma del miedo; sin duda esto buscaba.

En algunos análisis se señala que el Gobierno da claras muestras de improvisación; sin embargo, motivan estas líneas mi desacuerdo a esta tesis. Por el contrario, creo que lo único claro que existía por parte de quienes ahora mandan era un equipo de seguridad formado, preparado y sobre todo probado en actividades poco democráticas. En octubre del año pasado, en San Salvador, se reunió el equipo de seguridad del gobierno entrante con la gente del Ministerio del Interior y Defensa salvadoreños, sobresalen del lado guatemalteco el general Roy Estuardo Dedet Casprowitz, capitán Elmer Aníbal Aguilar Moreno, general Edgar Leonel Godoy Samayoa (primer ministro de Gobernación), coronel Mario Adolfo Castañeda Serra y el mayor Gustavo Adolfo Díaz López (a quien se le atribuye haber estado detrás del intento de golpe de Estado al presidente Cerezo, en mayo de 1989), se mencionaron otros nombres, pero acá los más significativos.

Los personajes anteriores muestran una concepción de la seguridad ciudadana con mentalidad contrainsurgente, y por eso es lo ocurrido el sábado pasado. Todos estos exmilitares se caracterizan por su silencio cómplice en los horrores de las acciones que el Ejército cometió en los años del conflicto; su compromiso con la democracia no es convincente.

Gendri Reyes Mazariegos, actual ministro de Gobernación, siendo abogado con preparación en seguridad señaló de forma pública de terroristas a los manifestantes del sábado pasado, y pasó por alto que los disturbios fueron frente al Congreso y la Policía se comportó como un típico cuerpo represor en la Plaza de la Constitución contra quienes estábamos en familia y donde se encontraban en paz grupos de todas las edades. Al parecer, las lecciones de Chupina se quieren revivir, y si a esto le sumamos que su primer viceministro Carlos Enrique Franco Urzúa tiene enormes conflictos de interés al poseer enormes intereses económicos en cuerpos de seguridad privada, la cosa no es que se complique, sino se muestra como es. La seguridad es para reprimir y hacer negocio.

Jimmy Morales y Jafeth Cabrera si en algo se ocuparon fue en destruir la institucionalidad policiaca, su ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, sin empacho derrumbó alcances conseguidos; hoy hay más de lo mismo.

Conceptos como seguridad democrática, fortalecimiento del poder civil y adopción de verdaderos mecanismos para la construcción del Estado Constitucional de Derecho son olvidados desde el poder y si a esto le agregamos las bancadas oficiales (engalanada siempre con la narco organización de UCN) se reúnen y discuten los temas parlamentarios en cuarteles para dar conferencias en la madrugada, el mensaje es desalentador.

La democracia exige compromiso y por eso estas muestras autoritarias setenteras no pueden pasar desapercibidas y menos impunes, dos muchachos perdieron su ojo y están en riesgo de lesiones cerebrales, el respeto a las libertades públicas exige un cambio en la concepción de seguridad que se tiene en estos momentos.