Desde el 30 de julio pasado, un grupo de estudiantes encapuchados tiene bloqueado el ingreso a la sede central de la Usac, así como diversos centros universitarios en el interior. Los encapuchados afirman que es una “ocupación pacífica”. Más de 200 mil estudiantes no han podido estudiar, los estudios científicos están detenidos y una serie de secuelas colaterales de orden administrativo y operativo siguen cobrando una factura académica y financiera de larga duración.

Las demandas de los estudiantes son 18, algunas de ellas razonables y con alguna factibilidad de llegar a acuerdos con las autoridades; otras son absurdas, radicales e imposibles de cumplir. Estos planteamientos dicotómicos impiden que se puedan negociar con algún grado de certeza. La primera regla de la negociación es ceder las posiciones hacia un centro razonable para ambos. Este no es el caso.

El conflicto lleva casi 20 días y la Usac sigue ocupada “pacíficamente, por tiempo indefinido”. El grupo de encapuchados ha declarado que no permitirá el reinicio de clases hasta que no se acceda a todas las demandas planteadas en la mesa de negociación.

Usac es un ejemplo de la ingobernabilidad que ha venido extendiéndose en el país a lo largo de los últimos años con medidas de hecho que paralizan casi todas las actividades, especialmente el libre desplazamiento de ciudadanos y mercancías, Invasiones de fincas, tomas de carreteras, huelgas de diversos tipos, robos de energía eléctrica y suspensión de actividades mineras e hidroeléctricas por medio de interponer amparos, en su mayoría espurios.

Un artículo en la revista The Economist plantea la realidad de un fenómeno de ingobernabilidad que las democracias de occidente están atravesando, de “estar en el gobierno, pero sin poder” (In office but not in power), sea porque las fuerzas políticas de un país se atomizan degradando a los partidos políticos en pequeños grupos de interés diversos, haciendo difícil alcanzar consensos, o porque las posiciones en los parlamentos y congresos mantienen una mayoría que no refleja una gobernanza que fomente el bien común (el movimiento separatista en España, por ejemplo).

En Guatemala, con creciente frecuencia el Estado no ejerce el poder coercitivo de la ley cuando se cometen delitos flagrantes, es decir que no requieren la orden de un juez para ejercer tal fuerza. El resultado es que se pierde la certeza del castigo en la población, alentando la comisión de diversos delitos a sabiendas de que no hay consecuencias. Este se convierte en un círculo vicioso porque las autoridades tienen que enfrentarse posteriormente a grupos envalentonados que creen que pueden actuar sin restricción o consecuencia alguna.

No ha ayudado el manejo de algunos tribunales con clara orientación política de casos paradigmáticos como el del coronel Chiroy, encarcelado por más de cinco años por las muertes acaecidas durante la protesta de Alaska.

Nadie discute el legítimo derecho a la resistencia pacífica. La protesta social es un mecanismo legal para incidir políticamente en una variedad de temas, todos vinculados con los derechos de los ciudadanos y su lucha por las reivindicaciones legítimas. En Guatemala, sin embargo, se ha abusado de ese derecho, deformándolo hasta convertirlo en una excusa para delinquir, para afectar el derecho de los demás, y lo peor, para cometer actos ilegales tipificados como delitos por nuestras normativas jurídicas.

La gobernabilidad promueve el progreso. En Guatemala no puede haber empleo ni generación alguna de riqueza si no se hacen inversiones. Sin embargo, somos el penúltimo país, después de Venezuela, en atraer inversiones. La ingobernabilidad es una causa principal.

Alguien dijo que somos un país rico lleno de pobres, pero que hay países pobres llenos de ricos. Cuán cierto…