A pesar de las tácticas dilatorias para la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones, se debe considerar que tarde o temprano se tendrá que llevar a cabo, aun con los bandos en pleno lawfare, porque, como siempre, todos quieren cortes ad hoc a sus intereses. Por lo tanto, es el momento justo para terminar con este círculo vicioso. Aunque el proceso de comisiones de postulación se llevó a cabo según las reglas establecidas, es decir, si cumplió con la normativa, si estuvo apegado a juridicidad, hay que tener claro que juridicidad no implica siempre ética.

Existen muchos nombres en la lista de aspirantes que sonarán en la elección final en el Congreso, que representan a los que manejan el capital de poder y ponen cortes a su medida. Hay abogados que llegarán por apoyar a un sector que pacta su subsistencia. Y es que todos estos nombramientos son percibidos desde su concepción como un botín, sinónimo de tráfico de influencias y pago de favores para mantener un oscuro poder sustentado por las fuerzas de la impunidad. Es un secreto a voces que la elección de nominados desde las comisiones de postulación viene ya pactada, pues es política gremial que desde hace más de 15 años han existido personas que manejan estos listados y que se debe contar con su bendición para poder figurar en la nómina final que va al Congreso.

Lo más lamentable es que poco más de 38 mil agremiados saben quiénes son los seis “lobistas” con nombre y apellido que denigran la profesión de la abogacía en Guatemala y se dedican a hacer estas componendas. Unos se encuentran en el Mariscal Zavala y los otros andan por allí muy ocupados en estos días, moviendo los hilos de esta comparsa.

Estas personas negocian los nombres de los abogados que desean participar a cambio de tener a unos magistrados títeres a su servicio. Obvio que estos “lobistas” son los encargados de recolectar dinero del sector empresarial, político y crimen organizado para entregar “la lista” que responda a los intereses de este grupúsculo.

Por este tipo de situaciones en ese gremio, en la actualidad a la figura del abogado casi siempre se le da un significado sustancialmente negativo. Pero esta percepción se debe en gran medida también al desprestigio del Poder Judicial y de todo el sistema de impartición de justicia de Guatemala. Cada vez con más frecuencia nos enfrentamos a episodios donde se revelan las malas prácticas de ciertos abogados, muchos de los cuales ya están plenamente identificados y mapeados, quienes se prestan para todo tipo de fraudes y estafas.

Recordemos que para eso está el tribunal de honor del Colegio de Abogados (Cang), que juzga faltas cometidas a la ética profesional del abogado en el desarrollo de sus actos, en el ejercicio de la abogacía y el notariado. El proceso para determinar una causa es igual al juicio ordinario civil, cuya sanción es de por vida, es el equivalente a “no idóneo” para participar a cargos jurídicos. Es por eso por lo que para esos cargos necesita siempre la constancia de carencia de sanciones por el Tribunal de Honor.

Debemos empezar a pensar en cómo despolitizar la justicia en el país, el primer paso es que los buenos y honorables abogados —o sea la mayoría— empiecen a exigir gremialmente ética y valores, a través del Tribunal de Honor del Cang, no solo de las acciones legalmente permitidas o prohibidas, o de las que son políticamente más adecuadas para un grupo gremial reducido, sino desde la esfera de las acciones buenas o malas. ¿Cómo pretendemos tener magistrados éticos, si el propio sistema para elegirlos exige hacer alianzas turbias?