La pandemia covid-19 y sus impactos en la salud y la economía están ocupando —como es natural— la prioridad en la agenda pública y mediática. Es lógico que la atención se concentre ahí cuando vemos un manejo tan errático de la emergencia y una incapacidad manifiesta de las autoridades de gobierno para gestionar la crisis.

Este extremo se hace más evidente con las denuncias de los pacientes, las exigencias absolutamente justificadas de médicos y personal de salud de los hospitales nacionales y temporales, los informes de la PDH y las contradicciones y falta de transparencia de la cúpula del ministerio de Salud.

Lamentablemente, este complejo panorama está siendo aprovechado por quienes enfrentan procesos judiciales por casos de gran corrupción y graves violaciones a los derechos humanos para procurarse impunidad.

La alianza que se conformó después del 2015 para detener el trabajo conjunto de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del MP y de la Cicig, y que consiguió el cierre de la comisión internacional y el realineamiento de la Fiscalía General, está procurando -una vez más- garantizarse Cortes a la medida por la vía de la cooptación y distorsión del proceso de elección de magistraturas.

El mecanismo no es distinto al que han utilizado en otras ocasiones. La investigación que dio pie al caso conocido como “Comisiones Paralelas 2014” demostró la influencia indebida de actores de poder político y económico en el proceso y reveló cómo se tejen las alianzas dentro y fuera del sistema de justicia para intervenir en la toma de decisiones judiciales a través del control de las cortes.

A pesar de la evidencia de cómo se prostituyó el sistema de comisiones de postulación y de la urgente necesidad de modificarlo, no se logró la reforma constitucional y estamos —nuevamente— siendo testigos de cómo estas redes operan para que sean electos como magistradas y magistrados de salas de apelaciones y de la CSJ abogados afines a los intereses de los grupos pro impunidad.

El paso previo fue cooptar la integración de las comisiones de postulación y garantizarse el número de votos suficientes para la elaboración de los listados de candidaturas, a partir de los cuales el Congreso elegirá. Para decirlo en pocas palabras, estamos frente a la cooptación de las cortes 2.0

El informe presentado la semana pasada por la FECI al Legislativo -cumpliendo una orden de la CC-, demostraría cómo Gustavo Alejos Cámbara sería el gran operador de las “comisiones paralelas 2020”. Según la Fiscalía, Alejos habría evadido la prisión preventiva para sostener diversas reuniones con políticos, diputados, aspirantes a magistrados, integrantes de las comisiones de postulación e, incluso, actuales magistrados del Organismo Judicial.

¿La intención? Influir directamente en la conformación de las nuevas cortes que serán las que resuelvan los 5 procesos penales en los que él está involucrado, además de decenas de juicios pendientes contra integrantes de estructuras de corrupción que hoy guardan prisión en Mariscal Zavala y Matamoros.

Si las visitas que recibió Gustavo Alejos -documentadas por el MP entre el 12 y el 16 de febrero en el sanatorio donde estaba “internado”- prenden todas las alarmas, la información extraída de su teléfono celular, con autorización judicial, las terminan de activar. Hay por lo menos 42 cuentas de WhatsApp pertenecientes a personas directamente relacionadas con este proceso de elección de Cortes con las que Alejos mantuvo comunicación.

El Congreso debe excluir las candidaturas de las y los aspirantes incluidos en los listados como producto de este tráfico de influencias e impedir que voten las y los diputados envueltos en este nuevo escándalo de cooptación. Eso o que el virus de la impunidad siga destruyendo el sistema de justicia.