En el lenguaje de las pandillas se “corre el sur” cuando dos grupos rivales hacen una tregua y pactan paz por unos días. Algo así como lo que sucede con esta Semana Santa, cuando los pandilleros que integran el pacto de corruptos se dan (y nos dan) un brevísimo descanso, mientras se preparan para crecer la tensión que ejercerán después de estos días, vía sus operadores en los partidos políticos, las cortes, las calles, el Tribunal Supremo Electoral y el Congreso.

Pero realmente nada se detiene, porque nada se ha detenido en el último lustro, sobre todo desde agosto y septiembre de 2017. En aquel momento, la Cicig y el MP presentaron el primer caso de financiamiento ilícito que le puso nombres y rostros a los dueños de la corrupción. Por otro lado, un grupo de diputados que operaban para aquella pandilla buscó cambiar el Código Penal para rebajar las penas en delitos de financiamiento electoral ilícito y corrupción. Fue cuando, además, pasaron dos hechos que no olvidaremos: Jimmy Morales, preocupado por garantizarse impunidad y garantizársela a sus patrones, comienza a prepararse para darle el tiro de gracia a la Cicig. También es el momento en que la ciudadanía, enojada, encierra a los diputados en el Congreso de la República y los vemos salir en filita, como niños de kinder, con el miedo en el rostro. Eso hizo que se retractaran, entonces, de su intención de recetarse impunidad.

Desde entonces, las pandillas que integran el pacto de corruptos no han parado. Pusieron a sus operadores al frente de los ministerios Público, de Relaciones Exteriores y Gobernación, arreciaron el lobby millonario en EE. UU., reformaron normas para asegurarse impunidad y fueron ahorcando a la Cicig hasta su cierre, en 2019. Después seguiría una larga venganza, estratégicamente planificada: el exilio o prisión para jueces, fiscales, abogados, periodistas y funcionarios de justicia independientes; la captura de las instancias del Estado encargadas de preservar el etado de Derecho (Corte de Constitucionalidad, el Organismo Judicial, el Tribunal Supremo Electoral), entre otras; y el fraude en las elecciones de rector de la Universidad de San Carlos, ensayo perfecto para el que se viene cometiendo, con la venia del TSE, para las elecciones generales.

El Arzobispo de Guatemala, Gonzalo de Villa, calificó al TSE de “muy falso” y al proceso electoral, de “viciado y poco creíble”, y señaló que estas elecciones tienen características similares a las de 1982. La Misión de Observación Electoral (MOE-Gt) dice del TSE y del Registro de Ciudadanos que aplican “criterios diferenciados, discrecionales e inconsistentes para la inscripción y revocación de candidaturas”, e identificó “al menos 13 candidatos inscritos que enfrentan procedimientos de retiro de antejuicio en el Organismo Judicial, lo cual contrasta con las decisiones tomadas con los diputados Aldo Iván Dávila Morales y José Armando Ubico. Al primero se le revocó la inscripción por solicitudes de antejuicio en su contra, y al segundo se le impidió participar por la misma razón y por una solicitud de extradición de Estados Unidos, por cargos relacionados con el narcotráfico.

Cuando terminen los días en que se celebra la muerte y resurrección de Jesús dejará de correr el sur en la Guatemala de las pandillas blancas, negras, de todos los colores y todas las oscuridades, y el país se enfilará a un despeñadero donde lo que perdurará es el engaño, la corrupción, la impunidad y la injusticia. Y estaremos más crucificados que nunca. Con el menú de candidatos que tenemos para dirigir los destinos del país desde todas las instancias del Estado, parece que ni siquiera resucitaremos, porque pocos pueden ser calificados de idóneos, honorables y capaces. Buen descanso durante esta tregua pactada.