Con pocas y honrosas excepciones, los diputados han convertido el Congreso de la República en un ente cuasi disfuncional, clientelar y corrupto, violando lo dispuesto por la Constitución, que enfatiza el bien común y el bienestar de los habitantes. Podrían haber hecho tanto bien a Guatemala si se hubiesen elevado por encima de intereses partidarios y mezquindades personales. Pero a lo largo de esta legislatura, pocas veces han tomado conciencia, tanto personal como colegiada, del singular poder que les delega nuestra Carta Magna para obedecerla y defenderla.

Uno puede entender la correlación entre el ideario ideológico de sus respectivos partidos y las posiciones y negociaciones políticas propias del juego parlamentario. Eso es legítimo. Otra cosa es cuando los intereses y el bien común del soberano pueblo que los eligió se convierten en plato de segunda en vez de tener preeminencia.

Buena parte de los tonos viscerales que se pueden percibir en esta columna son reflejo del enorme desgaste emocional que el colapso de la infraestructura vial y el congestionamiento vehicular nos está causando a los ciudadanos. El impacto económico diario del costo/horas hombre perdidos en los descomunales atascamientos en la mayoría de las carreteras del país han llegado a un punto insostenible. El desgaste emocional y físico que conlleva salir de madrugada y llegar exhaustos por la noche para repetir el ciclo al día siguiente, de gente de todos los estratos sociales, se ha convertido en un sufrimiento colectivo que debería ser una prioridad nacional en la agenda política.
Por eso pega con tanta saña el descaro de una mayoría, tanto ausente como presente, de diputados, que —a pesar de todo lo anterior— sepultaron la semana pasada el proyecto de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie), para la rehabilitación, administración, operación, mantenimiento y obras complementarias de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal con cobro de peaje. 32 diputados votaron a favor, 50 en contra y 76 estuvieron ausentes. Felicitaciones a esos 32 que fueron responsables. Vergüenza y escarnio a los que antes de pensar en el pueblo que los eligió se ocuparon de sus contratitos vendepatrias, sus moneditas enlodadas y sus chanchullos de personajitos de ese mundillo zoopolítico que tanto daño sigue causando a Guatemala.

Este era un proyecto abrepuertas para que las alianzas público privadas pudieran iniciar una serie de obras de importancia estratégica para el país, de gran incidencia para el desarrollo económico de Guatemala y el mejoramiento de su ranquin internacional. Guatemala ostenta uno de los últimos lugares del planeta en velocidad promedio vial. ¿Quién quiere venir a invertir a Guatemala con semejantes limitaciones? Por esa razón somos el penúltimo país de Latinoamérica, después de Venezuela, en atracción de inversiones.

Las leyes anticorrupción nunca fueron aprobadas por esta clase política: la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley de Servicio Civil. Ese fue el gran fracaso de la Cicig, dedicarse a meter selectivamente a unos cuantos pillos a la cárcel, en vez de eliminar la causa que genera pillos.
¿Alguien se queja de la autopista Palín? ¿Alguien se queja de la VAS? ¿Alguien se quejaría de pagar peaje para tomar un anillo periférico que les ahorrase cuatro horas de su vida diarias atascado en el tráfico? ¿Alguien se quejaría de que todas las compras y contrataciones del Estado fuesen manejadas y supervisadas por verificadores internacionales, ahorrándonos ese 30% del presupuesto de la Nación, que según el Banco Mundial se pierden, se roban y despilfarran en “gasto opaco”?

De la noche a la mañana desaparecerían los estiercoleros que se meten a la política para sangrar al pueblo.