Aparentemente se han agotado los amparos, los campos pagados, los cabildeos foráneos y demás movimientos contra la juramentación de algunos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, y todo indica que el Congreso de la República les tomará juramento hoy martes, 13 de abril, a los cuatro titulares y cuatro suplentes, por un periodo de cinco años.

El proceso ha sido largo y conflictivo porque la Corte de Constitucionalidad es, como su nombre lo indica, la que salvaguarda la Constitución “Política” de Guatemala. Es natural que cada sector de la sociedad tenga algo que decir respecto de cuáles serían los magistrados de su preferencia y cuáles los de su total rechazo.

En los últimos cinco años, la corte saliente ha demostrado, para beneplácito de las graderías de sus fanes, una propensión a dictar fallos acorde a su agenda ideológica. De esa cuenta, como escribí recientemente, debido a que en Guatemala no estamos racionalmente ordenados, los diversos sistemas actualmente instituidos facilitan la ingobernabilidad y la propensión a fallos espurios.

El problema se agrava por la gran cantidad de leyes, normas y reglamentos obsoletos con vicios de forma y contenido existentes, tantos que llenarían varios tomos. Por el otro lado, las que hay que cumplir se irrespetan flagrantemente —en no pocas veces durante los últimos cinco años— por fallos de la propia Corte Celestial.

Es una lamentable realidad, como se ha venido señalando hace tiempo, pero todo lo anterior repercute hasta en el precio de la energía eléctrica y en el atraso educativo; en el rezago de las inversiones, en el tiempo que pasamos en el tráfico y el tener el promedio más bajo de Latinoamérica de velocidad en el transporte debido a la falta de infraestructura; en el índice de empleos, en el índice de la confianza de los inversionistas, en el tiempo que pasa un ciudadano en prisión preventiva. Por todos lados nos encontramos con un sistema minado, especialmente diseñado para fomentar la tramitología corrupta, el gasto opaco y la falta de rendición de cuentas.

El resultado es la aceleración de la migración hacia EE. UU., por la falta de oportunidades. El mes pasado se recibieron US$1 mil 285 millones por remesas familiares. Esto equivale a Q9 mil millones y es la más alta de la última década. Que los migrantes sean la exportación más rentable para Guatemala es una vergüenza.

Seguirá así hasta que exista un clima propicio para atraer la inversión. ¿Por qué no viene la inversión? Por el clima tan hostil que existe hacia la inversión extranjera. Guatemala está en los últimos lugares de Latinoamérica en captación de inversiones.

Existen Q3 mil 850 millones en proyectos hidroeléctricos detenidos por amparos y por conflictividad. La Ley de Infraestructura Vial está detenida y podría aportar hasta 200 mil empleos y Q22 mil millones, pero no sale porque “es rentable” no aprobarla. Los contratistas del Estado se quedarían sin chance.

La diferencia entre una corte celestial y una Corte de Constitucionalidad es que la primera persigue agenda, es arbitraria e ideológica, y ella misma no se sujeta al texto constitucional. Una verdadera Corte de Constitucionalidad se enfoca en proteger derechos, en vez de agendas; individuos, en vez de colectivos, pero ante todo, como lo subrayó el gran pensador John Locke: “El fin de la Ley no es abolir o restringir, sino preservar y ampliar la Libertad”. Porque donde no hay ley, no hay libertad.

Hay que tomar siempre en cuenta la primera frase de la Constitución para mantener el norte y no perder el rumbo: Invocando el nombre de Dios…