Las decisiones tienen costes. De entrada, más de 200 mil empleos de la industria de servicios están afectados mientras duren las restricciones impuestas por el Gobierno: foodcourts y restaurantes medio cerrados; mercados afectados y una fuerza policiaca implacable, cumpliendo con el poder coercitivo de estas ordenanzas.

Las cifras deben contar a la hora de la toma de decisiones. Los indicadores de la pandemia a nivel mundial van en descenso, habida cuenta de que, mal que bien, los protocolos de prevención funcionan. Esto, aunado al hecho de que la letalidad del covid es baja, comparado con otros azotes que están matando a la humanidad mientras escribo esta columna. Las cifras dan para pensar: muertes por covid a nivel mundial: 1.8 millones; cáncer: 10 millones; hambre: —ojo— 9 millones; tuberculosis: 1.6 millones; influenza: 650 mil, pero ¡oh, ironía! durante la evaluación para recabar estos datos la influenza prácticamente “desapareció”. Es decir, convenientemente muchos de los fallecimientos por influenza fueron reportados como covid.

Recordemos que el covid causa una enfermedad inflamatoria, no respiratoria, como lamentablemente se ha diagnosticado.
¿Realmente son necesarias tales medidas para disminuir el supuesto incremento de contagios? ¿En qué se basan para fundamentar que limitar la industria de servicios disminuirá el contagio? La data que existe es dispersa y contradictoria, pues hay variables que no se toman en cuenta. ¿Hacia dónde se desfoga la demanda? ¿Pequeños comedores a puerta cerrada donde comen hasta los mismos policías? ¿O hacia recintos pequeños con mayor posibilidad de carga viral? En cuanto al transporte público, en el momento mismo en que se restringe el número de pasajeros automáticamente aumenta el número de ocupantes en taxis y el aumento de posibles contagios.

La pérdida de trabajo, las restricciones que privan a las personas de las rutinas normales e imponen esfuerzos adicionales, especialmente la preocupación por la seguridad alimentaria, comprometen su sistema inmunológico y las hacen vulnerables a las enfermedades.

Los expertos del Gobierno no parecen tomar en cuenta que el estrés es uno de los factores más determinantes que afectan el sistema inmunológico. Un estudio de 2002, de Lyanne McGuire, PhD, de la Escuela de Medicina John Hopkins, con Kiecolt-Glaser y Glaser informó que las personas mayores o que ya están enfermas son más propensas a sufrir cambios inmunológicos relacionados con el estrés. “En 2004, Suzanne Segerstrom, PhD, de la Universidad de Kentucky, y Gregory Miller, PhD, de la Universidad de Columbia Británica, tenían cerca de 300 estudios sobre el estrés y la salud. Su meta análisis discernió patrones intrigantes. Para el estrés de cualquier duración significativa, desde unos pocos días hasta unos meses o años, como sucede en la vida real, todos los aspectos de la inmunidad se fueron cuesta abajo. Por lo tanto, el estrés crónico o a largo plazo, debido a un desgaste excesivo, puede devastar el sistema inmunológico”.

Lo cual nos lleva al tema de la urgente necesidad de incrementar la velocidad de la vacunación. A estas alturas y con las restricciones y limitaciones existentes en el sector público de salud es evidente el largo tiempo que llevará la vacunación hasta lograr la llamada “inmunidad de rebaño”. Existe una propuesta de la iniciativa privada basada en la organización electoral y en la cual en dos días se vacunarían 8 millones de ciudadanos, mediante un modelo de voluntariado de elecciones: “Donde voto me vacuno”, un sistema georreferenciado, utilizando el DPI y el padrón de Renap, que implica el reclutamiento de unos 60 mil voluntarios: estudiantes, maestros, profesionales, y se usarían las escuelas públicas y privadas que se utilizan en elecciones. Es hora de reactivar la economía y vacunar con el único plan que puede funcionar.