El Paro Nacional Indefinido convocado por los 48 Cantones de Totonicapán articuló a diferentes grupos de origen maya opuestos entre sí, desde tiempos inmemoriales, junto a garífunas, xincas, ladinos y mestizos ante un enemigo común: la clase explotadora, oligárquica y sin identidad cultural ni religiosa, pues su dios es el dinero. Grupo fusionado en el Pacto de Corruptos que forjó la clase política dominante —marionetas movidas por hilos tras bambalinas— para actuar en su beneficio. Vicio con el que nació la “Patria del Criollo” e invisibilizó al pueblo, como no fuera para su sometimiento, tras la independencia en 1821.

El Paro empezó el 2 de octubre con la consigna: hasta que renuncien la fiscal general, Consuelo Porras, los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso y el juez Freddy Orellana quienes, al amparo de la ley, actúan en su contra; paradoja nacional. Ante la falta de respuesta y la inadmisible actitud del presidente de la República, dos semanas después, se solicitó su renuncia. El momento que se vive ya es un parteaguas cívico-cultural, pues fue el pueblo que dijo ¡Basta! no fue una acción urbana, de clase o partido político alguno.

Hasta ahora, el costo personal ha sido alto, todos perdemos. Los más afectados son sus promotores. La producción agrícola del altiplano, lugar de origen del movimiento, se basa en el cultivo de maíz, frijol y papa; hortaliza, cítricos y durazno que exporta. Las cosechas perdidas significan entre el 30 y 80% de su capital anual, que no es comparable al porcentaje de pérdida de los demás. Sin embargo, ahí están dando la cara por todos. En contraposición, la ganancia para la Nación será colosal. Los dineros públicos que hasta ahora sirvieron para crear nuevas camadas de millonarios cada cuatro años, se invertirán en salud, educación, vivienda e infraestructura para todos.

Costo vs. ganancia no tiene comparación.

Están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias en aras de recuperar la institucionalidad del país y hacer valer la decisión de la mayoría que eligió a quienes gobernarán durante los próximos cuatro años: 340 alcaldes, 160 diputados, presidente y vicepresidente. Elección que el gobierno no respeta y violenta toda norma cívica y legal para cumplir con las exigencias patronales del Pacto de Corruptos. Para eso, montó un andamiaje estructural tendente a anular las elecciones generales con el soporte de las instituciones cooptadas, al menos en sus cuadros directivos, pues es sabido que el grueso de funcionarios y empleados públicos están en desacuerdo con la ligereza de lo actuado; cualidad que por ahora es insuficiente para detener o revertir la vorágine en curso.

Todo indica que la intención es provocar un vacío en la presidencia de la República. Vacío que el Congreso de la República llenará con alguno de los peones del tablero lanzados como favoritos a la elección general que resultaron perdedores desde la primera vuelta del 25Jun2023. El objetivo es mantener el poder que el tal Pacto de Corruptos detenta a partir del derrocamiento del presidente Jacobo Árbenz en 1954, fortalecido en 1986, cuando creímos alcanzar la era democrática; oportunidad que aprovechó para hacerla funcionar a su favor.

Aquel pueblo invisibilizado e ignorado al crearse la República hoy, mediante el Paro Nacional Indefinido, reclama los derechos ciudadanos negados. Fiesta comunitaria, ante el intento por burlar la voluntad popular expresada en las urnas, con la que hace evidente que el circulo vicioso de la corrupción tiene sus días contados, pues con este movimiento llegará a su fin.