La seguridad ciudadana sufrió un serio deterioro durante el gobierno de Jimmy Morales. El ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, ha estado más preocupado con las acciones para aplastar la lucha contra la impunidad que en fortalecer las fuerzas de seguridad, que debió ser su prioridad. Este ministro eliminó de las filas de la Policía Nacional Civil a cuadros forjados en la lucha contra la delincuencia y llevó a sus incondicionales sin preparación, lo cual ha significado una mayor crisis en esa institución. El involucramiento de agentes policiales en actos de corrupción y concretamente en extorsiones se ha extendido y evidencia el nivel de descomposición interna. Ejemplo de esta debacle fue la balacera que ocurrió el pasado viernes, en la zona 7, entre agentes policiales de la Comisaría 14 que extorsionaban y efectivos de la Inspectoría General que llegaron a investigar una denuncia sobre ese hecho. ¿Cómo van a combatir la extorsión si los mismos agentes lo hacen?

La delincuencia se siente a sus anchas porque este gobierno, que afortunadamente ya va para afuera, ha desmantelado la estructura de seguridad del Estado, que incluye el Sistema Penitenciario. Un reportaje de Julie López, publicado por este medio, señala el alarmante aumento de las extorsiones en el país. El año pasado se reportaron nueve mil 939 casos de extorsiones, pero de enero a octubre de 2019 ha habido 13 mil 203 casos, lo cual representa un incremento del 32% en solo diez meses. Se señala que siete de cada 10 casos de extorsión se originan en las cárceles del país, o sea este hecho criminal está ligado a la deficiente estructura de seguridad. No importa cuántas requisas se realicen en los centros penitenciarios porque casi de inmediato los reos vuelven a obtener teléfonos celulares para continuar con el ataque contra la ciudadanía. Eso implica la existencia de redes de corrupción dentro del Sistema Penitenciario que provee esos aparatos.

Los guardias que abastecen de celulares en las cárceles son también los que sabotean las antenas bloqueadoras de señal móvil en Presidios. El año pasado, las autoridades revelaron que habían destituido a 50 agentes que habían saboteado las antenas de bloqueo de señal, cortado cables de energía eléctrica y movido las cámaras de videovigilancia dentro de las prisiones. Sin embargo, algunos guardias se pueden ir, pero otros los relevan en su relación delincuencial con los extorsionistas. Los agentes se convierten en subordinados de los criminales, quienes pueden tener todo lo que desean, ya sea a cambio de dinero o amenazas. Dentro de las cárceles, son los reos los que mandan y toman las decisiones. De esa cuenta no solo tienen celulares, sino que acceden a todo tipo de electrodomésticos, bebidas alcohólicas y drogas que fluyen sin límite alguno. Estamos frente a un fenómeno obvio para todos, pero del cual el Ministerio de Gobernación no toma medidas serias y efectivas para eliminar el foco criminal.

Las extorsiones, principalmente de los pandilleros, traen consigo el lavado de dinero. Millones de quetzales que son arrebatados a la población mediante amenazas y asesinatos requieren la utilización de fachadas de negocios para blanquear la riqueza mal habida. Por eso una estrategia a fondo para combatir las extorsiones debería incluir también la investigación para desmantelar esas estructuras de negocios. El aumento de las extorsiones demuestra que los criminales han logrado crear redes eficientes para blanquear, lo que se les facilita por la inexistencia de programas dirigidos a combatir este flagelo. Por eso es fundamental que Alejandro Giammattei comprenda la necesidad de impulsar una estrategia efectiva para luchar contra la criminalidad, lo cual pasa por fortalecer y depurar la PNC y el Sistema Penitenciario.