Uno de los rasgos que caracterizaron el proceso de democratización de las sociedades que arrancó luego de la II Guerra Mundial fue la adopción del paradigma de los Derechos Humanos; un Pacto compartido por la mayor parte de Estados del planeta en su momento, forjado luego de una crisis civilizatoria tan profunda como lo fue esa guerra. Hasta ahora sigue siendo, sobre todo, el ideal a alcanzar: reconocer a cada individuo de la especie humana como portador innato de un conjunto de derechos inalienables que todo Estado y sociedad están llamados a cumplir y garantizar. Estos derechos, consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, son civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales.

Este paradigma es evidentemente un constructo humano, simbólico pero tangible a la vez, que va más allá del instinto de supervivencia individual propio de la especie; que se plantea el porvenir de la humanidad como un todo, donde cada sujeto está interconectado y, directa o indirectamente, su porvenir está atado al de los demás. Una forma de pensamiento elevado, sin duda; una muestra del potencial evolutivo que tiene nuestra especie. Es también un marco ético-normativo y de evaluación, como diría Amartya Sen; sobre todo, demarca los límites de la actuación frente a los semejantes y que orienta a los Estados acerca del profundo propósito de su quehacer y de las medidas que debería implementar.

En Guatemala, apenas hace 38 años que oficialmente se adoptó dicho paradigma para orientar el actuar del Estado; así está consignado en los instrumentos fundacionales vigentes hasta ahora, y que fueron escritos a partir de las lágrimas y sangre de miles de vidas de guatemaltecos y guatemaltecas: la Constitución Política de 1985 y los acuerdos de paz, 1996. Tristemente, está claro que cuatro décadas después hemos perdido el norte que nos habíamos propuesto. Más bien, estamos en regresión: El Estado de Guatemala, además de ser un franco botín, nuevamente es un instrumento para el socavamiento y destrucción de todos los principios y aspiraciones de desarrollo, democracia y derechos humanos que se habían planteado para mejorar la dignidad y la vida humana en esta sociedad. También la prosperidad de la mayoría.

Los antecedentes y la trayectoria histórica de la región y del país, caracterizados por la violencia, la tiranía y la represión, catalizan en la actualidad la reversión de la democracia y de los derechos humanos como paradigmas que articulan a la sociedad. El Estado ya no protege ni garantiza; más bien agrede, violenta y niega derechos fundamentales a los y las ciudadanas. Encarcela enemigos, en lugar de combatir la delincuencia, las extorsiones y la apropiación indebida de los bienes y patrimonio de las personas, las empresas y del país en su conjunto. Es esa kakistocracia la que busca legitimarse, ahora en junio, con su voto. Por eso, para Guatemala, estas elecciones marcan un punto de inflexión histórica. ¿Apelaremos a los valores de la democracia, la justicia, el bien común y los derechos humanos para decidir? ¿O nos condenamos nosotros mismos a repetir la historia?

Por supuesto, esta aspiración de universalidad de derechos, igualdad entre seres humanos y equidad de condiciones, oportunidades y beneficios se ha visto continuamente entorpecida por la vileza y el egoísmo humano. Solo eso explica que, en medio de una crisis global como la pandemia, se haya incrementado la concentración de la riqueza y a la vez se haya expandido el riesgo de hambre y la pobreza. Por eso la humanidad está urgida de un nuevo horizonte ético que retome los mejores rasgos de la especie y debilite lo peor que todos llevamos dentro.