La conservación del patrimonio cultural como necesidad humana por preservar su sentido de identidad tuvo vigencia universal con la Carta de Venecia (1964). Localmente incidió en la emisión de la Ley para la Protección del La Antigua de Guatemala de 1969 y la creación de un Consejo Protector (CNPAG) como entidad estatal descentralizada, integrada por cuatro instituciones relacionadas con la historia, patrimonio cultural, arquitectura y arte, presidida por el alcalde, en representación de los vecinos.

Es una excepción en la legislación, como excepcional es la ciudad del siglo XVIII conservada en el tiempo, debido a su abandono ante los daños causados por el terremoto de 1773.

Su calidad de conjunto de monumentos conservados en estado de ruina e inscripción en la lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad cambiaron el uso y valor del suelo, situación agravada por la negligencia administrativa de no aplicar el Plan Regulador vigente de 1974 y su actualización como Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de 2019. Esa nueva valoración, lejos de representar un estímulo para su protección, desató ambiciones hasta entonces ausentes en al menos dos sectores: político y terratenientes, quienes propiciaron ideas y proyectos ajenos a la conservación y desarrollo del territorio que ponen en riesgo su posición mundial.

La dinámica por su protección por más de una década y la apertura democrática en 1985 permitieron la llegada de un alcalde codicioso que dedicó los primeros seis meses de su gestión, en contubernio con tres de las instituciones que integran el ente protector, para sustituir los nombramientos vigentes y así poder destituir al suscrito, quien fungía como Conservador de la Ciudad. Una vez instalado, inició el proceso de transformación de la entidad especializada a una institución burocrática ordinaria a la que implantó la corrupción.

La segunda crisis fue en 2012, cuando el Concejo dispuso acaparar las licencias de construcción dentro del área protegida junto al dinero proveniente de su autorización, caudal que constituye parte de los fondos propios del CNPAG. La coacción del alcalde llevó a la renuncia del Conservador de la Ciudad y la de dos miembros del Consejo, provocando inestabilidad y desacuerdos sobre el manejo de la ciudad, su conservación y desarrollo, en clara violación a la Ley Protectora.

La tercera crisis se produjo el pasado 22 de marzo, con la renuncia del Conservador de la Ciudad. Aunque el motivo declarado fue “asuntos personales”, se supo el rechazo del ente protector a proyectos autorizados por el Concejo que no responden a la planificación del territorio; condición que debe normar toda decisión de uso del suelo en materia de proyectos urbanos, infraestructura, vivienda, comercio, servicios y demás obras.

La elección de un nuevo Conservador de la Ciudad, convocada de inmediato, motivó al Foro Permanente de la Sociedad Civil Antigüeña a formular un pliego de requerimientos a quien ocupe tan importante cargo. Entre otros: estar dispuesto a residir en La Antigua Guatemala, ser bilingüe, tener 10 años de experiencia en conservación patrimonial, con conocimiento en urbanismo para articular la conservación del patrimonio con la planificación urbana y rural del territorio.; tener experiencia en la administración pública, capacidad para tomar decisiones e incidir en círculos dedicados a la toma de decisiones a favor de la ciudadanía y el territorio con independencia y valentía; presentar declaración patrimonial y declaración jurada de no tener nexos con inmobiliarias, cámaras empresariales y partidos políticos.

De esa elección pende, en términos reales, el futuro de la histórica ciudad.