Purgan prisión desde hace cinco años; los procesos están enmarañados; las pruebas de descargo omitidas; las dilaciones de las audiencias es la norma en vez de la excepción; la presunción de inocencia, vigente, pero violada; los derechos constitucionales lacerados; y el sufrimiento de los detenidos, una profecía anunciada desde que fueron capturados.

Es que ya fueron condenados. Desde el momento mismo en que se fraguó el plan de perseguir a los militares por diversos delitos de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, etc. —la mayoría por casos de hace mas de 30 años—, la sentencia ya estaba escrita. Como en la Crónica de una muerte anunciada, de García Márquez, ya fueron declarados culpables y están purgando su condena.
Todo este amasijo de acusaciones viene de esa guerra que nunca ha terminado a pesar de la firma de la paz. Detrás de enunciados convenientes de esclarecimiento histórico, el plan de persecución militar se origina desde los mismos orígenes de los acuerdos de paz.

Se repiten en voz alta, en documentales y en columnas, en libros y en conferencias, en entrega de medallas y de premios, desde atriles de activistas y desde tarimas académicas, vociferando siempre los mismos señalamientos basados en “investigaciones y testimoniales rigurosas e inequívocas, que nadie cuestiona porque son sacrosantas —y que ninguno ose levantar la mano cuestionando la rigurosidad metodológica de la recopilación histórica, la conformación de la comisión, la objetividad de los comisionados, las falencias de análisis cuantitativo; las cifras, los números, la data dura, ausente y perdida dentro de generalizaciones absurdas, grotescas para sacarse de la manga, así, con toda libertad, por ejemplo, “que hubo 200 mil muertos, y que de ellos el 97 por ciento fue para “estos asesinos” mayores y el 3 por ciento para “estos” otros asesinos menores.

Y uno se pregunta, cuando ausculta con lupa la historia de toda esta narrativa, y ata cabos de una Jazmín Barrios reuniéndose con miembros de oenegés de derechos humanos en un hotel, mientras se llevaba a cabo el juicio; y la mano alzada en señal de victoria y solidaridad grupal; y luego la dirección misma del juicio, preparada minuciosamente para favorecer a la parte acusadora.

En el juicio de Ríos Montt, del cual yo fui uno de los testigos, el Tribunal no le dio valor probatorio, fundamentándose en que “su explicación en relación a que los ixiles huían a la montaña porque pertenecían a la guerrilla, entra en contradicción con lo indicado por los peritos Rosada Granados… (Proceso y Sentencia, 2013, págs. 579-580)”, dejando nuevamente en duda la imparcialidad del Tribunal. ¡Nunca dije eso! La pregunta fue que si en los campos de refugiados se podía entrar y salir libremente.
La actitud del Tribunal fue incongruente, ya que a los peritajes y testimonios de personas presentados por la parte acusadora sí les dio valor probatorio, a pesar de que a ellos tampoco les constaban los hechos y no habían participado en ellos. ¿Es eso imparcialidad?

Por eso les digo a estos militares cuasi octogenarios que mejor no gasten en abogados porque la sentencia ya está escrita. La manipulación de los querellantes adhesivos seguirá adelante, presionando para obtener la condena que les traerá medallas y premios, luz y tarimas.

Nunca olvidaré a Gustavo (el Cholón) Porras en una entrevista, en Canal Antigua, el 12 marzo/2015. Dijo: “Le escribí dos cartas al comisionado Tomuschat. Pero el profesor escuchaba lo que él quería. En una de ellas le dije, “Mire, si ya traía la sentencia lista, ¿para qué vino aquí a perder tanto tiempo y a gastar tanto dinero?”.

Si… Esto es la “crónica de una vergüenza anunciada”.