El golpe de Estado liderado por jóvenes oficiales del ejército nacional el 23 de marzo de 1982 terminó con la tradición de tener arreglada la sucesión presidencial entre altos oficiales al servicio de la oligarquía, instaurada luego de aquel otro golpe de 1954, promovido por la United Fruit Company, que tuvo a su servicio la institucionalidad norteamericana, incluyendo FBI, CIA y secretarías de Estado en contra del gobierno, tildado de comunista, de Jacobo Árbenz.

El movimiento detonó dos semanas después de que el general Aníbal Guevara fuera “electo” presidente de la República, aunque también aderezado por la corrupción en el negocio bélico en que se convirtió la pugna ideológica entre comunistas y anticomunistas, llevado a la guerra interna, que sirvió de excusa para cooptar el Estado, hacer negocios a su sombra y disponer discrecionalmente del presupuesto nacional. Lacras que entonces eran conocidas, mas no sabidas, como lo evidenció el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad —CICIG— (2006-19).

El golpe propició un gobierno de transición cuyo líder dictatorial fue derrocado un año después. El nuevo jefe de Estado convocó a elección de Asamblea Nacional Constituyente. La nueva Constitución Política presentada el 31 de mayo de 1985 entró en vigor el 14 de enero de 1986, minutos antes de la toma de posesión del primer presidente electo en democracia.

En ese contexto, el sector cultura fue convocado para generar información e insumos que permitieran fortalecer la importante labor de promoción y conservación del patrimonio cultural de la Nación. Para entonces Guatemala tenía inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de Unesco la ciudad de La Antigua Guatemala, el Parque Nacional Tikal y el Parque Arqueológico Quiriguá; mientras que los artistas, tanto escénicos como plásticos, bullían en productividad.

Los responsables de esa tarea pública fuimos convocados para exponer necesidades, planes y ambiciones; oportunidad que aprovechamos como niños a fin de año para escribir a Santaclós. Entre los más cercanos recuerdo a Norma Padilla† y a Julia Vela, bastiones de las artes escénicas; Léster Godínez, adalid de la marimba, y Alfonso Ortiz, legislador cultural indispensable en nuestro país, además de la pléyade de funcionarios que después de meses de trabajo y discusiones, apoyados por el doctor Carlos Enrique Zea Flores, dimos forma a lo que la Asamblea Nacional Constituyente adoptó en 9 artículos (57 al 65) dentro de la Sección segunda, Cultura, del Capítulo II Derechos sociales.

El último contempla que la preservación y promoción de la cultura y sus manifestaciones estará a cargo de un órgano específico con presupuesto propio. Esa disposición permitió crear el Ministerio de Cultura y Deportes, mediante el decreto ley 25-86 de jefe de Estado, del 13 de enero de 1986.

Más tarde, con un aporte parecido, el Congreso de la República proclamó la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación (decreto 26-97), de la que destaco los artículos 59 y 62.

El primero reconoce a las asociaciones civiles o juntas de vecinos su calidad de vigilantes del Patrimonio Cultural de la Nación, que tendrán legitimidad para denunciar ante las autoridades administrativas, de policía y judiciales los hechos y actos que atenten contra el patrimonio cultural de la Nación.

El segundo responsabiliza a las municipalidades por la correcta aplicación de la ley respecto de los bienes culturales muebles, inmuebles e intangibles en sus respectivas jurisdicciones, debiendo dictar todas aquellas disposiciones que tiendan a su protección y conservación.

Así, pues, Cultura ganó con el golpe del 82. El Ministerio no puede perder su oportunidad.