La lucha contra la corrupción y la impunidad tuvo, como era previsible, un efecto indeseable: La rearticulación del pacto de élites para defender el viejo sistema, ese que les ha sido funcional y les ha permitido mantener el control del país, sobre la base de la cooptación y la captura del Estado.

La alianza no se articuló únicamente para frenar los avances en las investigaciones y los procesos judiciales por graves casos de corrupción o para bloquear las reformas legales en ámbitos claves como la justicia o el sistema político. También se concentró en la creación de un nuevo “enemigo interno” y en echar a andar una narrativa respecto de que la persecución penal en los casos de alto impacto está “ideologizada” y vulnera los intereses nacionales.

El pacto de élites logró sembrar la desconfianza y la duda y promovió, con bastante éxito por cierto, la idea de que la agenda de la transformación violenta los valores “tradicionales” de la sociedad guatemalteca. También hizo retroceder décadas la política exterior del país, llevándola a extremos solo vistos durante la época de las dictaduras.

Todo con un único fin: echar para atrás los mínimos avances que se habían logrado, recuperar el control total que habían empezado a perder, reconstruir el muro de la impunidad que sufrió una pequeña grieta y retornar las cosas al estado anterior al de abril del 2015, devolviéndole la vida a su viejo y querido statu quo.

En resumen: tienen al gobierno y al presidente títere; el control de ministerios claves, de la junta directiva del Legislativo y de una cómoda mayoría de diputados impresentables. El pleno de la Corte Suprema de Justicia es parte del bando —con sus dos honrosas excepciones— y a la alianza ahora suman a la jefa del MP y a su entorno cercano.

Por eso, el proceso electoral y la elección de las cortes son parte de la disputa. Como dice un colega analista, no son la salida de la crisis, sino su siguiente fase. Está claro que no han llegado hasta aquí para dejar que todo se desmorone con un nuevo gobierno o con un bloque suficientemente sólido en el Congreso que les haga de nuevo tambalear. Tampoco van a permitir que se les salga de las manos la designación de las magistraturas y esa es la razón por la que tienen a todo vapor trabajando a sus operadores. La alianza perversa goza en este momento de muy buena salud.

Con este panorama y las consecuencias que ya estamos viendo, la pregunta obligada es qué vamos a hacer los que estamos en la vereda de enfrente. Pasivamente dejaremos que concreten el retroceso y lo legitimen en las urnas o vamos nosotros también a conformar un frente común para —por lo menos— disminuir el impacto y la profundidad de la regresión.

A estas alturas una alianza política de las fuerzas democráticas, decentes y progresistas —partidos de centro y de izquierdas— que compiten en la elección se hace absolutamente necesaria.

Y no estoy hablando de que se bajen los candidatos que ya fueron inscritos ni de que haya partidos que se retiren de la contienda para dar lugar a los que tengan más posibilidades. La propuesta concreta es hacer un pacto de acuerdos mínimos pero irrenunciables que se impulse de manera conjunta por quienes resulten electos.

Una agenda programática multipartidaria que la gente decente que está compitiendo en esta elección impulse y se comprometa a cumplir desde el Congreso, los gobiernos locales y ojalá —aunque sé que es pecar de ingenua— desde el gobierno nacional. Es eso o dejar que el bloque de la restauración se consolide y dé la estocada final.

La alternativa política común, un frente amplio de largo plazo, debiera ser el objetivo. Pero este momento amerita un primer paso para avanzar.