Por supuesto, a todos los guatemaltecos les preocupa que aparezca una grieta en alguna calle, que se derrumbe una ladera y cubra parte de una carretera o que se abra una caverna y se trague a los que por ahí transiten. Son todos acontecimientos que, por lo menos, generan pérdidas materiales. A veces complican para millones de personas su transporte cotidiano hacia su lugar de trabajo o de negocios. Desgraciadamente, son sucesos que también han cobrado vidas humanas.

Me parece interesante que, según entiendo yo las cosas, esos fenómenos naturales reflejan las grietas y cavernas del régimen jurídico-político de Guatemala. En cierto modo, ocurren con tanta frecuencia y tienen consecuencias tan costosas porque algo similar, metafóricamente hablando, se da en la vida pública del Estado.

Si bien la ambición por el poder y el dinero siempre ha existido, el proceso por el cual la participación de muchas (no todas) personas en la vida pública del Estado ha ido enfocándose solo en eso –el poder y el dinero— semeja el proceso por el cual las infraestructuras públicas que ahora se resquebrajan fueron mostrando sus debilidades y vulnerabilidad.

A lo largo de aproximadamente tres cuartos de siglo, las instituciones que encarnaban los ideales del imperio del derecho, de la democracia representativa, de la igualdad de derechos y de la realización del bien común, fueron mostrando fisuras y grietas; más de una vez, derrumbes aparatosos y cavernas oscuras que se tragaron los millardos de quetzales de la corrupción.

Así como en el mundo físico, hubo ciertos períodos en que se hicieron algunas reparaciones y se dio algún mantenimiento a las infraestructuras más importantes, así también hubo momentos en que ciertas instituciones, como el Tribunal Supremo Electoral o la Corte de Constitucionalidad, por ejemplo, infundieron seguridad y confirieron al régimen jurídico-político del Estado alguna credibilidad.

Sin embargo, así como el tráfico vehicular y las construcciones en las laderas y barrancos crecieron exponencialmente, así también se fueron multiplicando las redes y organizaciones interesadas en convertir al Estado en una gigantesca piñata a la que se le da de golpes para que caigan los dulces del poder y del dinero. Y, así como el colapso de aquellas infraestructuras físicas devino inevitable, así también el abandono de los ideales políticos del Estado llegó inexorablemente.

Una buena parte de la población –alrededor de tres millones de guatemaltecos— decidió que no tenía caso quedarse en Guatemala esperando un milagro o el hundimiento total del statu quo y emigraron a los Estados Unidos. Desde allí se han erigido en uno de los pilares de la macroeconomía del país, mandando a sus familiares millardos de dólares año con año. Otra parte decidió dejar de jugar un juego amañado y ha transitado total o parcialmente a la economía informal. Un grupo relativamente chico sigue pagando impuestos y contribuciones para que se mantenga en funciones a una burocracia cada vez menos competente y más clientelar y, lamentablemente, para que la piñata del Estado tenga dulces de poder y dinero suficientes. Y todo esto ha ocurrido ante los ojos del establishment económico que, aparentemente, se conforma con una macroeconomía estable, siéndole indiferente que el Poder Judicial, salvo raras excepciones, haya dejado de ser “Poder”, con mayúscula, y en lugar de hacer valer las leyes con independencia las haya ido interpretando para que le queden a la medida a ya demasiados funcionarios y políticos indolentes o corruptos a quienes solo les ha interesado el poder y el dinero.