A nadie le gusta pagar impuestos. Me opongo al impuesto de la renta, pues castiga la inversión y el capital. Creo en la política de cielos y fronteras abiertas. Que vengan las aerolíneas que quieran y que al competir nos favorezcan a los consumidores. Antes que cuotas, contingentes e impuestos a los productos, preferiría que todo el territorio de Guatemala fuese más abierto y que los productos nacionales compitiesen en igualdad de condiciones con productos importados. De un tajo se eliminaría la competencia desleal actual y el contrabando que ingresa diariamente por las fronteras, puertos y aeropuertos, haciendo ricos a los que se benefician con estos incentivos perversos.
¿Y como subsistiría el Estado? Del impuesto al valor agregado. Si lo pagaran todos y si se formalizaran a esos siete de cada 10 trabajadores que están en la economía informal. Si se facilitaran los procesos de registro y acreditación formal con incentivos —créditos, capacitación, seguridad social, etc.— y se desalentara la evasión aplicando el poder coercitivo de la ley vía multas y persecución penal.

En Guatemala, la población económicamente activa (PEA) es de cinco millones de personas. De estas, solo un millón tienen empleo formal y están afiliadas al Seguro Social. Con solo formalizar una tercera parte de los trabajadores y microempresas informales, el Estado incrementaría sustancialmente los ingresos tributarios.
Pero la economía informal no se compone solo de trabajadores y microempresas. Existen otros elementos importantes, como lo es la certeza registral de la propiedad. Hernando de Soto, en su libro El misterio del capital, enfatiza la importancia de la propiedad formal para acceder a los beneficios de un mercado más amplio y desarrollado. Inaudito, pero en Guatemala más del 70 por ciento de las propiedades no están registradas; por ende, no son sujetas de crédito. A la Ley del Catastro, a pesar de haber sido aprobada desde hace años, aún le falta mucho por cubrir del territorio nacional.

¿No estaremos vanamente tratando de cazar patos en cuevas subterráneas, en vez de hacerlo en lagunas acuáticas? Si el horizonte de la economía mundial presagia nubarrones oscuros por un largo periodo, ¿no tendría más sentido implementar las acciones económicas que incidirían de una manera extraordinaria en nuestro desarrollo? Acciones, por cierto, que requieren más bien de voluntad y visión política que de recursos e inversiones cuantiosas.

La ley de trabajo a tiempo parcial, aprobada recientemente por el Congreso, fue aniquilada por la Corte de Constitucionalidad hace unas semanas. Si se hubiese aprobado esta ley habrían comenzado a abrirse algunos millares de empleos en empresas formales que en estos momentos no pueden absorber a tiempo completo a los trabajadores.

Lo mismo con el énfasis que debería tener la Ley de Alianzas Público-Privadas para la ejecución de obras de infraestructura estratégica en conjunción con la ley de infraestructura vial, la cual, a pesar de tener dictamen favorable, sigue estancada en el Congreso. Esto, a pesar de que Guatemala ostenta uno de los índices más bajos de velocidad del tráfico del mundo.

¿Quien dijo que las carreteras no se comen? ¡Claro que se comen! ¡Y saben muy bien! ¡Cuando las verduras llegan al mercado y se refleja en un mejor precio para el comprador saben mejor! Cuando las mercancías se embarcan a tiempo y no hay pérdidas todos ganamos. Cuando la travesía vial es cómoda y segura los turistas llegan, compran se hospedan y gastan. No se diga el ahorro del costo de horas/ hombre que se pierden en el tráfico.

El sabor del desarrollo llena panzas, bolsillos y genera sonrisas.